CADA vez queda más patente que el Gobierno español no sabe cómo reaccionar ante la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. A pesar de que el nuevo presidente Morales había anunciado desde hace tiempo esta medida, el Ejecutivo español simplemente esperaba que no pasase, en aras de la buena sintonía personal y política entre los dos jefes de Gobierno. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, tuvo que enfrentarse en La Paz a la dura realidad de una política de hechos consumados. Primero se nacionaliza sin respeto a las propias leyes sobre expropiación y luego se ofrece diálogo y negociación, una vez que el Ejército boliviano controla las refinerías y éstas son propiedad pública de facto. Para Repsol y las demás empresas españolas presentes en Bolivia, la situación es nefasta porque sus cuantiosas inversiones pueden perderse en poco tiempo; por no hablar del riesgo de contagio de esta preocupante versión de populismo en otros países latinoamericanos, en los que las empresas españolas tienen también significativas inversiones y que nada bueno pueden esperar de la influencia que el caudillo venezolano, Hugo Chávez, 'exporta' cada vez que se le permite.

El contraste de las reacciones española y brasileña ha sido elocuente. Brasil es el otro país gravemente perjudicado por la nacionalización boliviana, sin embargo, su presidente, Lula da Silva, ya se ha entrevistado y ha hablado varias veces con Evo Morales para advertirle de las consecuencias negativas de sus actos. La empresa de petróleo brasileña, junto con su disposición de dialogar, ha planteado claramente la posibilidad de acudir a los tribunales para lograr reparar el daño causado, de acuerdo con las leyes bolivianas e internacionales. El Gobierno español debería imitar el ejemplo de Lula y abandonar ya una retórica política que no hace sino revelar la nula firmeza de un Ejecutivo que en teoría debería proteger los intereses españoles en el extranjero, máxime en un ámbito de influencia y presencia española como es Iberoamérica. Una vez confirmadas las intenciones del nuevo Gobierno boliviano ya no caben excusas para no concertar con Brasil una sólida defensa común y condicionar la ayuda al desarrollo o la condonación de la deuda a Bolivia a una solución satisfactoria. Pero el Gobierno de Zapatero, cogido con el pié cambiado, sólo habla de «agotar las vías diplomáticas», «mantener la lealtad y la confianza para la negociación y el diálogo» y de «reiniciar una buena relación» con el Gobierno boliviano, después de «un problema puntual». El ministro Montilla incluso ha defendido el derecho del Gobierno boliviano a actuar de este modo y parece olvidar que este tipo de 'nacionalizaciones', sin base jurídica alguna, no dañan sólo los intereses de las multinacionales y de los países a las que pertenecen, sino también, y sobre todo, el de los propios ciudadanos de Bolivia. Y es que la forma tan arbitraria con la que ha sido realizada envía a los inversores extranjeros y a los bancos internacionales, esenciales para el desarrollo de cualquier país, un irrefutable mensaje de inseguridad jurídica que no tardará en pasar factura al crecimiento económico boliviano.