La Delegación de Obras Públicas de la Junta ha investigado supuestas irregularidades urbanísticas en la mitad de los municipios de la provincia en los últimos dos años. En concreto, son 198 los expedientes acumulados, repartidos entre 83 ayuntamientos. La cuarta parte de las diligencias abiertas las concentra Almuñécar -53 casos-, donde se ha enfocado la lupa sobre licencias, construcciones de urbanizaciones enteras e incluso voluminosos hoteles. Además, la Delegación de Obras Públicas ha impugnado 17 decisiones del Ayuntamiento sexitano. En la Costa, Motril tiene ocho expedientes abiertos desde 2004 y Salobreña cinco. Destacan también casos como Monachil (17); Dúrcal (8); Freila (14) o Ugíjar (15).

Los desmanes urbanísticos no son patente de la Costa del Sol, como podría pensarse. En el último lustro, los expedientes abiertos por la Junta en Granada rondan los 800. Algunos de ellos han sido casos sonados en los tribunales, como la urbanización de Marina del Este en Almuñécar.

La situación no ha cambiado demasiado desde que, a final de 2005, la Junta aprobase la nueva Ley de Suelo, la que sirvió para que el gobierno andaluz le quitase las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. Sólo en lo que va de año, la delegación de Obras Públicas, que lidera en Granada Pedro Fernández, ha tenido que abrir 17 diligencias nuevas por supuestas irregularidades, en Albuñal, Albolote, Alhama, Almuñécar, Dúdar, Dúrcal, Gualchos, Jerez del Marquesado, Peligros, Santa Fe, Ugíjar, Valderrubio, y Víznar.

En esta relación de supuestos desmanes urbanísticos no hay nada que se parezca -ni de lejos- a los sucesos de Marbella. Es como si se comparase una raspadura con la cangrena. En la localidad malagueña, el cúmulo de despropósitos y presuntos delitos -corrupción, blanqueo de capitales, crimen organizado...- es sencillamente espectacular. Pero de lo que se trata ahora es de que no haya 'marbellas', que los arañazos no terminen en heridas que requieran una amputación. Y en ello están las autoridades.

En este sentido, La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Defensor del Pueblo Andaluz mantienen abierta una línea de colaboración en materia de ordenación del territorio que está dando sus frutos. Periódicamente, responsables de ambas instituciones se reúnen -la última vez fue en Granada a principios de mes- y plantean iniciativas de calado. Por ejemplo, están empeñados en sacar adelante una reforma del Código Penal -una idea que ya cuenta con el aval de los magistrados del TSJA- para perseguir con mayor precisión las irregularidades urbanísticas. La red de fiscales andaluces especializados en asuntos de medio ambiente ha elaborado ya «un informe específico sobre las modificaciones del Código Penal que se estiman convenientes para perfeccionar la regulación en esta delicada materia y también para incluir como descriptivas de este delito las actividades de parcelaciones ilegales» -fundamentalmente, construcciones residenciales en parajes rústicos-.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía también han expresado con reiteración la necesidad de que jueces y tribunales adopten medidas cautelares en cuanto haya indicios de que alguien promueve una edificación ilegal, esto es, impedir los hechos consumados. Cuando un bloque de apartamentos está terminado, es muy complicado demolerlo.

El Ministerio Público predica con el ejemplo y ya ha paralizado obras supuestamente irregulares para evitar su avance.

Notarios y registradores

Asimismo, los representantes del Defensor Pueblo también han mantenido encuentros con «los ayuntamientos, la Agencia Tributaria, el notariado y los registradores (de la propiedad), a fin de que se extremen las medidas de control que deben desarrollar estos operadores jurídicos en relación con la protección de los valores territoriales y ambientales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico».

Los fedatarios públicos ya están poniendo en conocimiento de la Justicia tramitaciones urbanísticas de dudosa legalidad.

La Fiscalía y el Defensor también ha hecho llamamientos a las empresas de telecomunicaciones, o de suministro de agua, gas o energía eléctrica para que, antes de prestar sus servicios, «exijan la acreditación de la correspondiente licencia de obras y, en todo caso, para lo contratación definitiva de los servicios, la preceptiva licencia de ocupación o de primera utilización».

El incumplimiento de esa obligación se considera ya una infracción urbanística -de la que deben responder las empresas-. La Fiscalía y el Defensor quieren que pase a ser catalogada como grave.

Pero es que, además, los trabajos de edificación «en suelo no urbanizable sin la preceptiva licencia pueden ser constitutivos de delito, por lo que -las compañías- deben abstenerse de cualquier acción que implique una colaboración con la actuaciones presuntamente delictivas que se realicen». Los cómplices de los desmanes también se arriesgan a sentarse en el banquillo de los acusados.

Se da la circunstancia de que, recientemente, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo público un informe en el que expresaba su preocupación por «el significativo número de asentamientos residenciales al margen del planeamiento urbanístico» y que, en el caso de Granada, en los años noventa ya rondaban el centenar, según Consejería de Obras Públicas. Para colmo, los chalés ilegales se abastecen de «corrientes o balsas de agua sin control de potabilidad alguno y a los que tampoco se les realiza tratamiento», fundamentalmente de pozos. Estas captaciones de agua «minoran sin control los yacimientos acuíferos existentes y suponen un riesgo para la salud de las personas que se abastecen de ella», decía el Defensor

Por supuesto, las urbanizaciones clandestinas carecen de «sistemas de desagüe o de conducciones de saneamiento, por lo que suelen verter de manera indiscriminada (...) sin depuración». Una conducta irresponsable y tercermundista.

Según el estudio del Defensor, el 14% de los 43 municipios con los que contactó en Granada admitió que en sus términos municipales había viviendas 'piratas', la mitad lo negó y el 30% no contesta.