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10 personas están condenadas en este estado

El Congreso de Nueva Jersey suspende la aplicación de la pena de muerte

Es el primer Poder Legislativo estatal de Estados Unidos que rechaza este castigo, reimplantado por el Tribunal Supremo en 1976

EFE | TRENTON

Martes, 10 de enero 2006, 01:00

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El Congreso del estado de Nueva Jersey ha aprobado suspender la aplicación de la pena de muerte, con lo que se convierte en el primer Poder Legislativo estatal del país que rechaza el castigo reimplantado por el Tribunal Supremo en 1976.

Las suspensión de las ejecuciones en Nueva Jersey, donde 10 personas están condenadas a muerte, ha sido decidida por la Asamblea estatal por 55 votos a favor y 21 en contra con dos abstenciones. La medida había sido aprobada el mes pasado por el Senado estatal y ahora deberá ser promulgada por el gobernador adjunto, Richard Codey.

Además de Nueva Jersey, la pena de muerte se aplicaba hasta ahora en 38 de los 50 estados del país. Su aplicación también está suspendida, por orden de sus respectivos gobernadores, en los estados de Illinois y Maryland.

"La población de Nueva Jersey ha llegado al convencimiento de que hay riesgos de que se ejecute a personas inocentes y se desperdician millones de dólares del contribuyente", ha manifestado Celeste Fitzgerald, directora de un grupo de oposición al castigo.

Las últimas encuestas revelan que el castigo es respaldado por poco más del 60 por ciento de la población de Estados Unidos. En 1994 ese apoyo era superior al 80 por ciento.

1.004 ejecuciones

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte, en 1976, se han llevado a cabo 1.004 ejecuciones. Sin embargo, en los últimos años el número de ejecuciones se ha reducido de manera sostenida tras registrar una cifra récord de 98 en 1999. Según cifras del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), el año pasado el número de ejecuciones, realizadas con una inyección letal, fue solo de 60.

Gran parte de la disminución del apoyo para el castigo y la reducción de las ejecuciones se ha debido a la constatación de que se han cometido errores en su aplicación. Según Richard Dieter, director ejecutivo del CIPM, esos errores han sido determinados por el progreso logrado en el examen de pruebas con ADN, así como la revisión de casos en muchos de los cuales se determinó la incompetencia de los abogados defensores.

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