Los juzgados, sin plan de emergencia un año después de requerirlo Trabajo

Un funcionario de la Caleta pasa junto a un cartel que reclama medidas de evacuación ./IDEAL
Un funcionario de la Caleta pasa junto a un cartel que reclama medidas de evacuación . / IDEAL

SPJ-USO remitió en octubre a la Inspección un segundo escrito para que se adoptaran «las medidas pertinentes»

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

El 20 de octubre de 2016, la Inspección de Trabajo visitó el edificio judicial de La Caleta, donde están ubicados la mayoría de los juzgados de la capital. El organismo acudió a comprobar 'in situ' si las condiciones que había denunciado el SPJ-USO eran ciertas. Este sindicato, mayoritario en Justicia, se quejaba de las condiciones materiales del inmueble, así como de la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales.

A raíz de aquella denuncia y de la visita, el inspector de Trabajo se reunió con los responsables de la Junta en materia judicial en Granada y les dio un plazo de tres meses para realizar tanto un plan de evaluación de riesgos del edificio en su conjunto y otro de evacuación y emergencias. Ese requerimiento fue el 18 de noviembre de 2016, por lo que el plazo culminó en febrero del año pasado. Pues bien, un año después, todo sigue igual en la Caleta.

La Junta asegura que todos los planes están redactados pero en la práctica no se han articulado realmente medidas -digamos que tangibles- para garantizar la seguridad laboral, pues ni se ha reforzado la señalización ni se han practicado simulacros ni se ha colocado ningún panel informativo 'ex profeso'. En definitiva, las medidas, como corrobora SPJ-USO, no se han puesto en marcha. En las siete plantas del ala derecha del complejo, continúan estando las mismas bocas de riego y los mismos extintores que antes. Tampoco se aprecian cambios en las señales y carteles de este edificio, que es probablemente el más frecuentado de los tres que integran la Caleta.

Las contestaciones de la Junta al sindicato han sido que estaban trabajando en ello

Esta ausencia de medidas pese al tiempo transcurrido provocó, de hecho, que el pasado 9 de octubre el SPJ-USO remitiera un nuevo escrito a la Inspección de Trabajo de Granada: el segundo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el sindicato comunicaba al organismo que hasta esa fecha había venido recibiendo respuestas «peregrinas» por parte de la Junta cada vez que preguntaba por los planes requeridos. Las contestaciones de la Administración, según recoge el papel, eran del siguiente tenor: «que estaban en ello» o «que había ciertos problemas con la empresa contratada a tal efecto».

«En definitiva, prácticamente un año después de su requerimiento, la Administración competente no ha cumplido con lo requerido. Y lo que es peor, no da la impresión de tener mucha urgencia al respecto», se informaba a Trabajo. Ante ello, el sindicato solicitaba a que se tomaran las «medidas pertinentes» para que la Administración cumpliera con lo requerido. El objetivo: garantizar la seguridad laboral de cientos de funcionarios públicos y de miles de administrados «en un edificio que no cumple con las mínimas medidas de prevención de riesgos laborales legalmente fijadas».

Pendiente

Este segundo escrito, remitido a modo de 'ultimátum' por parte de SPJ-USO, lo firmaba el delegado Eloy Maza, quien ha asegurado a IDEAL que a fecha 21 de febrero aún no habían recibido respuesta oficial por parte de la Inspección.

«No se ha hecho ni la valoración de riesgos del edificio ni hay plan de evacuación ni de emergencias», subraya el delegado sindical, tras recordar que no se trata de un asunto sin importancia, pues «en caso de incendio» o de cualquier otra incidencia, «no hay salidas de emergencia ni salidas alternativas». Aparte, confirma que no se ha hecho ningún simulacro.

«Si nos comparamos con otras ciudades de la Justicia, como las de Málaga o Córdoba, la queja sistemática nuestra es que el edificio no cumple las más mínimas condiciones para acoger a los trabajadores, a los administrados y a los profesionales que trabajan aquí», señala Maza, quien no obstante admite que en estos meses sí ha habido algunos avances. Uno de ellos ha sido la conexión de las tres partes del complejo: la que albergaba antaño Telefónica -ala izquierda-, la central de la antigua Diputación y la que acoge el grueso de los juzgados -ala derecha-. «Antes la gente tenía que salir, los administrados y los funcionarios con los carritos con los expedientes por la calle, pero ahora sí hay conexión y supone una salida más», ensalza, para valorar asimismo de forma positiva la actuación que ha permitido el traslado del Registro Civil a la parte central, un emplazamiento más «digno» -y cómodo- para el ciudadano.

Una ratonera

Maza recuerda que en cualquier edifico público estos planes deben existir. «No sabemos cómo llevamos aquí tantos años sin ellos», apunta, al tiempo que reconoce que en caso de incendio sería una ratonera. La Junta, según precisa, no les ha contestado por escrito, pero les ha garantizado verbalmente que están trabajando en ello. Lo «extraño», a su juicio, es que la propia ley de prevención de riesgos laborales pide contar con estos planes a priori. «Llevamos muchos años en este edificio y no ha pasado nada porque no ha pasado nada, pero cuando pase...», añade preocupado.

La plantilla de Granada ronda los 1.100 funcionarios. En la sede de la Caleta pueden trabajar entre 600 y 700. A ellos hay que sumar los demás operadores jurídicos que abarrotan sus pasillos cada mañana (abogados, procuradores...) y, por supuesto, a los justiciables. «Por aquí pueden pasar cada día entre 2.500 y 3.000 personas», calcula. Y, ojo, para quien no haya pisado nunca los juzgados, un detalle importante: no existen escaleras exteriores.

Más

Fotos

Vídeos