El juzgado de cláusulas suelo recibe desde junio unas 2.400 demandas

La avalancha de procedimientos por cláusulas abusivas en la contratación de la hipoteca empieza a ser una realidad. /IDEAL
La avalancha de procedimientos por cláusulas abusivas en la contratación de la hipoteca empieza a ser una realidad. / IDEAL

El Decanato considera «insuficientes» los medios con que cuenta el órgano y el sindicato SPJ-USO habla ya de una situación de «colapso»

YENALIA HUERTASGRANADA

Una media de 600 al mes, de 150 a la semana y de 21 al día. Esas son las cifras que demuestran que el aluvión de demandas de cláusulas suelo ha dejado de ser un vaticinio para convertirse en una realidad. Es el Juzgado de Primera Instancia número 9 de la capital el órgano que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) especializó en Granada para aglutinar todos estos procesos, en los que los ciudadanos exigen ser resarcidos por los abusos de los bancos a la hora de fijar los intereses en las hipotecas que un día firmaron. El también denominado 'Juzgado de Primera Instancia número 9 «bis»' arrancó el 1 de junio -realmente comenzó a funcionar a mediados de ese mes- y ya, según el sindicato mayoritario en Justicia, el SPJ-USO, puede hablarse de «colapso».

La cifra total de alrededor de 2.400 demandas presentadas en estos cuatro meses por los granadinos contra las condiciones de contratación de sus préstamos ha sido confirmada a IDEAL por el Decanato del Partido Judicial de Granada, que advierte de que los medios desplegados actualmente son «insuficientes» para atender el volumen de procesos. El alud de demandas no ha sido, en cualquier caso, una sorpresa, sino que viene a confirmar lo que los operadores jurídicos ya preveían y temían.

Últimos datos
A mediados de septiembre, el CGPJ informó de que el número de demandas presentadas entre los pasados 1 de junio y el 8 de septiembre en los juzgados de Primera Instancia especializados del país era de 57.068, 1.580 de ellas en Granada.
La sentencia
La creación de órganos especializados se produjo ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016.

Los funcionarios con los que cuenta actualmente el juzgado de cláusulas suelo son de momento cinco, según precisaron fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. Estaban previstos siete, pero los dos tramitadores que faltan todavía no han sido nombrados. Su nombramiento «está previsto», asegura el Gobierno andaluz, que admite que la carga de trabajo es «considerable» y recuerda que está «pendiente que se reúnan las administraciones central y autonómica para evaluar».

Por su parte, el delegado del sindicato SPJ-USO Antonio García afirma que «el colapso ya está servido». Ante la cifra alcanzada en Granada desde el 16 de junio, «que asciende, redondeando, a 2.400 demandas», recuerda la importancia de que el órgano funcione con eficacia, dado que en estos litigios están en juego los intereses de muchísimos ciudadanos. Advierte, además, de que el elevado número de demandas que han entrado en un solo órgano -antes se repartían entre todos los jueces civiles- implicará «retrasos» en las audiencias y en los juicios. Es decir, el calendario de señalamientos se verá inevitablemente afectado. Los primeros señalamientos, de hecho, están previstos para febrero.

El SPJ-USO lamenta que por parte del departamento que dirige la consejera Rosa Aguilar aún no se haya dotado a este juzgado de todos los funcionarios previstos que garanticen una pronta respuesta al ciudadano. Reprochó así a la Junta «que no se haya nombrado todo el personal que la Consejería de Justicia e Interior se había comprometido, y no sólo en Granada sino en otras provincias andaluzas».

Rectificar cuanto antes

«Es por ello que exigimos -recalca el delegado- que se rectifique cuanto antes, que se haga efectivo cuanto antes, y que esto no sea un mero espejismo, sino que se den los pasos necesarios y definitivamente se nombre a estos funcionarios y se pongan todos los medios personales y materiales para que las audiencias previas y los juicios no tengan ese cuello de botella en los señalamientos, que están dilatando estos procesos».

La elección del Juzgado de Primera Instancia 9 de la capital para asumir este tipo de litigios se enmarcó en el plan de urgencia que diseñó el Consejo General del Poder Judicial ante el aumento de litigios que se esperaba tras la sentencia dictada, a finales del año pasado, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El alto tribunal reconoció por fin la retroactividad total, es decir, que los bancos debían devolver todo lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca a aquellos clientes a los que un juez les reconozca como víctimas de cláusulas abusivas.

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