El tiempo de espera de algunas sentencias mediáticas de Granada triplica la media

Una sesión del juicio del caso Alhambra, que acabó en diciembre del año pasado./IDEAL
Una sesión del juicio del caso Alhambra, que acabó en diciembre del año pasado. / IDEAL

La complejidad de los asuntos y el nivel de saturación de los jueces alteran muchas veces los plazos de resolución de los casos

YENALIA HUERTASGRANADA

Los cerca de 50 acusados del caso Alhambra llevan ya más de ocho meses esperando sentencia. El juicio concluyó en diciembre, tras cerca de 40 largas sesiones. El tribunal de la Sección Segunda, que será el que emita el fallo, trabaja desde entonces en su dictado, que se está demorando tanto por la indiscutible complejidad del caso, que parece estar condenado a la tardanza -la instrucción duró más de una década-, como porque no es ni mucho menos la única causa que tienen entre manos los magistrados de esta sección penal.

Aparte de los juicios que celebran cada mes en esa sección (en junio, por ejemplo, había señalados doce), también están las vistas de apelación, que no son pocas. Además, cada uno de sus cinco magistrados resuelve siete u ocho recursos a la semana (en 2016 la Audiencia registró 2.893 recursos), lo que muestra la carga de trabajo que soportan sus señorías. Basta con recordar que sólo durante 2016 -son los datos que recoge la última memoria- tuvieron entrada en concreto en la Sección Segunda 1.557 asuntos.

Además del caso Alhambra, este tribunal está pendiente de resolver otra sentencia 'mediática': la de la rotonda de Armilla, que tiene en vilo desde hace semanas a sus acusados, entre los que está el alcalde del municipio, Gerardo Sánchez (PSOE). El juicio se fijó para el 27 de marzo, por lo que los procesados llevan cinco meses ya esperando resolución. La fiscalía pidió ocho años de inhabilitación para el regidor, al que acusó de un delito de prevaricación administrativa en las obras de ajardinamiento y embellecimiento de la referida rotonda, que es la que está a la entrada.

Según recoge la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) correspondiente a 2016, la estimación del tiempo medio de resolución de los asuntos en trámite es de dos meses en las secciones penales y de cuatro meses en la secciones civiles. Por lo que la sentencia del caso Alhambra triplicaría ya el tiempo medio de resolución y la de Armilla lo doblaría.

Las fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que «en todas las leyes de procedimiento se estable el plazo para dictar sentencia» y, según los casos, «puede ser de 3, 5, 10 o 20 días, según el proceso». Para los asuntos penales, el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «la sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral», pero lo cierto es que en la práctica ese plazo no siempre se cumple.

En el día a día de los juzgados, como confirmaron distintos abogados, hay jueces más rápidos que otros, pero todo depende de la jurisdicción, de lo atascado que esté el juzgado, del caso en sí... No es lo mismo dictar un fallo sobre el robo de un coche que sobre un presunto fraude de entradas supuestamente durante varios años a un monumento con medio centenar de implicados.

Ha habido otras causas comparables al caso Alhambra por sus dimensiones que también se han llevado su tiempo. Por ejemplo, el caso Malaya. Sólo el juicio, que sentó en Málaga en el banquillo a más de 90 personas por presunta corrupción urbanística en Marbella, abarcó dos años. La sentencia tardó más de uno.

Un fallo laborioso

Las fuentes del ámbito judicial consultadas por este diario consideraron «normal» que se esté demorando la sentencia del caso Alhambra, dada la magnitud de pruebas, periciales y cuestiones a resolver. «Se trata de una sentencia muy laboriosa», recordaron las fuentes, que confirmaron que «los plazos normalmente se superan» en casi todas las jurisdicciones. Hay algunas, como la de lo Social, en la que un juez puede celebrar 30 juicios en una semana, aparte de seguir con sus otros quehaceres judiciales ordinarios. Si un juez de esa jurisdicción tratarse de dictar todas las sentencias en el plazo establecido «no tendría tiempo material», aseguraron.

El módulo referencial para las secciones con competencia exclusivamente penal de las audiencias provinciales gira en torno a 316 asuntos por magistrado y año, según el TSJA. En la de Granada hay dos secciones penales (Primera y Segunda) que cuentan con diez magistrados en total (cinco cada una), por lo que si las matemáticas no fallan, cada uno resolvió 376 asuntos, o lo que es lo mismo, 60 más del módulo establecido. Otro dato significativo es que las secciones Primera y Segunda dictaron en 2016 en conjunto 3.691 resoluciones, que se distribuyeron en 1.513 sentencias y 2.178 autos.

Se da la circunstancia de que el propio TSJA, ante «la complejidad de ciertas causas con incidencia importante», sugiere en su balance anual la ampliación de la plantilla de magistrados «en una plaza más con el objeto de posibilitar secciones funcionales con un tercer magistrado en supuestos de juicios complejos y de larga duración, que obligan a medidas coyunturales de planes de refuerzo y/o exoneración de reparto, que podrían solventarse estructuralmente con una plantilla algo más holgada».

Las sentencias ponen fin a veces a largas instrucciones en las que, de igual modo, se han producido retrasos con el consiguiente perjuicio que se causa al ciudadano. Un claro ejemplo está en el caso Marchelo, un viejo asunto de presunta corrupción urbanística en Alhendín que se investiga en los juzgados de Santa Fe y que después de una década sigue en fase de investigación, a la espera de una pericial. La tardanza de las periciales también condiciona muchas veces los tiempos, basta con pensar en el caso Serrallo o el caso Nazarí, en los que están encargados informes a la Junta se esperan a partir de este mes.

Fotos

Vídeos