Los juicios rápidos cumplen 15 años y suponen un 25% del trabajo en los juzgados de lo Penal

Una de las primeras vistas rápidas celebradas en 2003. / IDEAL

La fiscalía aboga por ampliar el abanico de delitos que tienen cabida en este sistema, que se implantó en 2003 para agilizar la Justicia

Jueves, 7 diciembre 2017, 00:33

El año que viene se cumplirán quince años desde que la Justicia pulsó el botón para poner en marcha un novedoso -por aquel entonces- sistema que permitía a los jueces pisar el acelerador a la hora de enjuiciar determinados delitos, de modo que el ciudadano pudiera incluso llevarse la sentencia 'puesta' el mismo día en que había pasado a disposición judicial. Eran los denominados juicios rápidos, que hoy, casi tres lustros después, siguen en funcionamiento y acaparan alrededor de un 25% de los asuntos en los juzgados de lo Penal de Andalucía.

Fue el 28 de abril de 2003 cuando entró en funcionamiento oficialmente la maquinaria de los denominados juicios rápidos. Su implantación en los juzgados de Granada, al igual que en el resto del país, permitió agilizar los procesos en determinados delitos flagrantes, de instrucción fácil y sencilla, siempre que su castigo no excediese de cinco años.

La nueva normativa venía a reforzar las funciones atribuidas a la Policía Judicial para realizar un atestado «lo más completo posible», como recogía una guía elaborada entonces por la Administración de Justicia. Además, se impulsaba una investigación «concentrada en el juzgado de guardia», que favorecía el dictado de sentencias de conformidad ante dicho órgano, con la consiguiente rebaja que asumir los hechos y la culpa conlleva (un tercio de la pena). En caso de que no hubiera conformidad, el caso acabaría en un juicio ante un juez de lo Penal en un plazo de 15 días.

El engranaje del nuevo sistema se diseñó mediante una ley que reformó en 2002 parcialmente otra: la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). La nueva normativa venía a regular «el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas». A lo largo de estos años, ha habido cambios legislativos que han provocado, por ejemplo, la desaparición de las faltas -se despenalizaron en 2015- y la irrupción de los delitos leves, que han ocupado en cierto modo el lugar de aquellas y que ahora suelen ser igualmente ilícitos de tramitación rápida.

Los delitos

Los delitos que suelen acabar en juicios rápidos o tramitados como diligencias urgentes son, por ejemplo, las lesiones, las amenazas, las coacciones, los hurtos, los robos, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, conducir sin permiso de conducción o sin los puntos del carné y negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

El dato de que estos juicios acaparan un 25% de los asuntos que llegan a manos de los jueces de lo Penal emana de las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2004 hasta 2016, la última hecha pública. Estos balances, consultados por IDEAL, arrojan porcentajes similares año tras año: 2004 (18%), 2005 (22%), 2006 (23%), 2007 (23%), 2008 (29%), 2009 (31%), 2010 (29%), 2011 (30%), 2012 (27%), 2013 (25%), 2014 (25%), 2015 (25%) y 2016 (23%).

Aunque él no se identifica con ese apelativo, el juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, fue el 'padre' de estos procesos en la capital. En aquella época era el juez decano y fue el encargado de activarlos en el partido judicial de Granada. «La implantación fue complicada al principio, porque llegaron casi de repente y nos encontramos con una nueva situación procesal», recuerda Moreno. Se necesitaban medios materiales y nuevas salas de vistas, pero sobre todo «una planificación importante», pues a su vez «entraban también las guardias de 24 horas en Granada y las de juicios rápidos». No fue nada fácil, ya que hubo que modificar las normas de reparto y establecer turnos de guardia. «Recuerdo como anécdota que el primer día vino para ver cómo se celebraban el que entonces era fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón», evoca el magistrado, consciente de que fue «un momento histórico».

Ese primer día todo fue sobre ruedas, si bien el sistema luego ha ido funcionando con «una absoluta falta de medios». A pesar de esa reivindicación constante, el ex juez decano cree que su implantación ha sido positiva. Calcula que, como media, en cada juzgado puede haber «entre 150 y 200 diligencias urgentes por delito en un año». Luego estarían los delitos leves, que serían «bastantes más». En concreto, la última memoria del TSJA recoge que, por materias, el 78% de los asuntos que se ingresaron en los juzgados de Instrucción andaluces fueron diligencias previas -que son las investigaciones largas por delito-, mientras que el 12% fueron juicios de delitos leves -ilícitos equiparables a las antiguas faltas-, el 6% procedimientos abreviados y el 4% diligencias urgentes.

La jueza de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, da fe de que con la justicia rápida se ha agilizado «bastante» el quehacer diario de los jueces de Instrucción, «porque evidentemente -indica- desde la guardia ya se está colocando el papel», es decir, «en la guardia ya directamente se señalan los juicios rápidos y se están tramitando las diligencias urgentes, con lo cual a todo aquello que se le puede dar agilidad, todos los juzgados de Instrucción le damos agilidad». Reconoce, en este sentido, que más que darles trabajo a ella y sus compañeros, los juicios rápidos se lo quitan, pues «descargan» de los asuntos que se puedan incoar con esas características.

El balance es positivo también para el fiscal jefe provincial, Pedro Jiménez Lafuente. «En aquellos casos de tramitación sencilla nos ha permitido hacer un enjuiciamiento muy rápido, y además ha absorbido el gran impacto que produjo la reforma del año 2007 en materia de seguridad vial, puesto que en juicios rápidos el 40% de los delitos eran en materia de seguridad vial. Si no hubiera existido esa ley , yo creo que se hubiera colapsado la Administración de Justicia mucho más de lo que entonces estaba», señala, al tiempo que aboga por incluir en este procedimiento más delitos de los que actualmente se enjuician. En su opinión, se podría abrir el abanico ampliando la pena, incluyendo, por tanto, «delitos un poco más graves, con penas superiores», como pueden ser los robos con violencia. ¿El objetivo? «Poder llegar a las conformidades, que es el efecto bueno y positivo de los juicios rápidos».

Seguridad vial

Como revela el fiscal jefe, que es el delegado además en delitos contra la seguridad vial, «un tercio» de los delitos que acaban en juicio rápido actualmente están relacionados con la seguridad del tráfico. El resto suelen ser robos y pequeños hurtos, y a veces algún delito contra la salud pública cuando es muy evidente, «como puede ser una plantación de marihuana y no es necesario hacer análisis de la sustancia aprehendida». También está, tal y como apunta, la violencia de género, que suele registrar «muchas conformidades».

Pero no todo es de color de rosa en el día a día de los juicios rápidos. Existen, como reconoce Jiménez, ciertos problemas que afectan a los procesos, porque las tasaciones no llegan o porque se presentan dificultades para localizar a las compañías de seguros. «Son problemas que nos impiden llevar como urgentes y nos impiden resolver prontamente asuntos que se podrían hacer», explica.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, también hace una valoración «buena» de los juicios rápidos para delitos «evidentes y flagrantes». Se muestra así «a favor del sistema», aunque «en principio» no considera necesario aumentar el elenco de ilícitos que abarca. Para el ciudadano, como recuerda, ha traído ciertamente ventajas al acortar la instrucción y, por ende, la espera del justiciable, pues en determinados casos, como puede ser el hurto de un bolso, no tiene que aguardar meses una resolución. En definitiva, aplaude que se hayan agilizado ciertos procedimientos, aunque algunas veces no convenga a los letrados tanta rapidez a la hora de articular las pruebas.

Al colectivo de los procuradores de los tribunales, los juicios rápidos afectan en realidad relativamente poco, como señala el decano del Colegio de Procuradores de Granada, Gonzalo de Diego, pues la ley no prevé que esta figura -que 'encarna' al ciudadano en el proceso judicial- sea necesario en la tramitación de estos procedimientos, dadas sus características de enjuiciamiento inmediato e instrucción rápida. Es cuando se dicta una sentencia por el juzgado de lo Penal y se inicia el proceso para ejecutarla -lo que en términos jurídicos se llama una ejecutoria penal- cuando ya sí se hace necesaria la intervención del procurador. «En general, toda aquella medida legislativa que tienda a simplificar los trámites procesales y en consecuencia a reducir los tiempos de resolución de los litigios, en este caso de orden penal, hay que entenderla como positiva», opina De Diego, para quien los juicios rápidos están cumpliendo con ese cometido desde que se reformó en 2002 la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No obstante lo anterior, el decano de los procuradores advierte de que «lo cierto es que el secular colapso de la Administración de Justicia, que hace que la resolución de los procedimientos penales se dilate durante años, no ha sido solucionado mediante la implantación de estos juicios rápidos». Ello se debe, según apunta, a «otros factores diversos», como la «constante» falta de medios, principalmente materiales, «que hacen que la Justicia siga siendo la administración en la que menos se invierte por parte de los poderes políticos».

En cualquier caso, su valoración general de estos primeros tres lustros de juicios rápidos es «positiva», pues es cierto que para determinados hechos ilícitos existe un enjuiciamiento rápido, «sin por ello menoscabar los derechos y garantías constitucionales de las partes del proceso».

Falta de medios

A la falta de medios también se refiere Antonio García, delegado del sindicato SPJ-USO -mayoritario en Justicia-, a la hora de hacer balance. Así, explica que existen disfunciones constatadas por los funcionarios. Los trabajadores del complejo judicial de La Caleta se quejan, por ejemplo, de que el escrito del fiscal llegue «sin apenas tiempo» en estos casos para nombrar a los profesionales de la defensa. «Las citaciones y notificaciones la mayoría de las veces no da tiempo material a llevarlas a cabo», afirma el representante sindical.

El SPJ-USO también denuncia problemas de «seguridad e intimidad para las personas», debido a que las partes, los testigos y los profesionales se ven obligados a cohabitar en salas de espera «minúsculas» y «sin apenas espacio ni medidas de seguridad». No existen tampoco espacios dignos para los testigos protegidos, se improvisa según las circunstancias.

García agrega que no existen salas de vistas exclusivas para este tipo de juicios, sino que hay que buscar «sobre la marcha» dónde celebrarlos, al estar la mayoría de las veces la sala de citaciones ocupada con los que se celebran diariamente. Además, según añade, «al no existir megafonía para avisar a los profesionales», el retraso y trasiego suelen generar «un verdaderos caos». Para el sindicato, «se debería regular con mayor precisión la coordinación entre el juzgado de guardia y los juzgados penales», así como dotar de los medios necesarios para que se lleven a cabo con mayor eficacia y rapidez, ya que, como recuerda, «ese es su objetivo final».

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