El juicio del 'caso Serrallo', con Torres Hurtado y otros 16 acusados, marcará las próximas campañas electorales

Isabel Nieto y José Torres Hurtado el día que presentaron su dimisión./Alfredo Aguilar
Isabel Nieto y José Torres Hurtado el día que presentaron su dimisión. / Alfredo Aguilar

Los acusados tienen 20 días para mostrar su disconformidad y pedir pruebas. Luego, el caso llegará a la Audiencia Provincial, que señalará la vista

Quico Chirino
QUICO CHIRINO

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, emitió el pasado lunes auto de apertura de juicio oral contra 17 acusados por el 'caso Serrallo'. La lista la encabeza el exalcalde José Torres Hurtado, que se enfrentará a seis presuntos delitos; seguido de la anterior concejala de Urbanismo, Isabel Nieto; el promotor Roberto García Arrabal; la antigua cúpula de la concejalía; y los otros ocho concejales que participaron el 26 de julio de 2012 en la votación de uno de los expedientes investigados, de los que seis siguen aún en el Ayuntamiento. En total: diez dirigentes, un empresario y seis funcionarios. Once acusados más de los que figuraban en la denuncia original de la fiscalía del 6 de febrero de 2014, en la que no había ningún político. Al margen, hay cuatro empresas señaladas como posibles responsables civiles.

Todos ellos tendrán que hacer frente de forma solidaria a una fianza de dos millones de euros para «asegurar las posibles responsabilidades que pudieran declararse». De no ingresar ese dinero, el juzgado procederá al embargo de bienes.

Los encausados han sido citados en la primera semana de junio para recoger las actuaciones. Tendrán veinte días para oponerse a la acusación y proponer pruebas. Después, el juzgado remitirá las diligencias a la Audiencia Provincial, que señalará los días del juicio. Queda por resolver en la propia Audiencia el recurso de apelación presentado por varios procesados –entre ellos los concejales del PP– contra el auto anterior de procedimiento abreviado; pero esto no suspende los trámites preparatorios del juicio.

Hay muchas partes implicadas que todavía pueden retrasar la celebración de la vista, aunque ya no cabe marcha atrás. Las defensas hacen cábalas y calculan que el juicio podría arrancar en torno al mes de febrero. En cualquier caso, marcará la campaña de las próximas elecciones; tanto las autonómicas, que tendrán lugar por esa fecha, como las municipales y europeas del 9 de junio.

De entrada –salvo que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial resuelva lo contrario– los seis concejales del PP que pertenecen aún al grupo municipal tienen muy complicado mantenerse en la siguiente candidatura. Aferran su último recurso al hecho de que ni el Ayuntamiento ni el ministerio fiscal hayan presentado acusación contra ellos. En su escrito, la fiscalía sostiene que Torres Hurtado e Isabel Nieto ocultaron «deliberadamente» a sus compañeros parte de un informe, por lo que no sabían que votaban algo presuntamente ilegal.

Duras peticiones

El 'caso Serrallo' arrancó en el verano de 2013, cuando un funcionario municipal jubilado entregó documentación en la fiscalía que ponía bajo sospecha la zona de ocio construida junto al centro comercial. En resumen, donde estaba previsto un parque y un kiosko de chuches, se levantó una discoteca y una pista de patinaje, entre otras cosas. La fiscalía sostiene que un rosario de irregularidades urbanísticas permitieron unas instalaciones «que no son legalizables». Solicita para José Torres Hurtado e Isabel Nieto ocho años de prisión, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros; y ocho años para el promotor. El ministerio público reclama además la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas y que sea «a costa de los acusados», a excepción del interventor. La demolición tendría un coste de más de 114.000 euros.

El Ayuntamiento solicita, entre otras penas, cuatro años de prisión para Torres Hurtado y cinco y medio para Isabel Nieto, los mismos que para el exdirector de Obras Manuel Lorente. Otra de las acusaciones, la que representa la empresa de Tomás Olivo, eleva sus peticiones de condena hasta los doce años para el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo y los 16 para el constructor.

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