La jueza archiva la denuncia vecinal por 'la Príncipe' sin imputar a ningún político

El establecimiento está en el Campo del Príncipe./ Fermín Rodríguez
El establecimiento está en el Campo del Príncipe. / Fermín Rodríguez

La magistrada cree que los hechos deben resolverse en la vía contenciosa y recuerda que la penal sólo ha de usarse en caso de «grave ataque a la legalidad»

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

La vía penal siempre debe ser la última opción y el castigo que conlleva sólo debe usarse en conflictos que impliquen un «ataque a la legalidad, de forma consciente y grave a los intereses que las normas infringidas intentan proteger». Es el recordatorio que la magistrada María Ángeles Jiménez hace a través del auto que ha dictado para archivar la denuncia que formuló la Asociación Plataforma de Vecinos del Realejo. El colectivo quería que se investigasen supuestas irregularidades urbanísticas y de aforo en la discoteca que se ubica en este emblemático barrio de Granada: 'la Príncipe', hoy denominada Sala Prince.

La denuncia, fechada el 31 de agosto, estaba dirigida contra el actual alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, así como contra el anterior regidor, el popular José Torres Hurtado. También se formulaba contra la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, la exconcejala de Licencias Telesfora Ruiz y el actual concejal de Medio Ambiente Miguel Ángel Fernández Madrid. La empresa propietaria del negocio, y varios técnicos y funcionarios estaban igualmente incluidos en el documento.

Los vecinos querían que el juzgado determinase si se habían cometido posibles delitos de prevaricación común y/o urbanística, contra el medio ambiente e incluso de corrupción en los negocios o estafa procesal, aparte de una posible falsedad documental. Así, solicitaban que declarasen «como investigados» los denunciados y que se recabara diversa documentación al Ayuntamiento.

La jueza, que está al frente del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, acordó incoar diligencias previas el pasado 2 de octubre, un trámite habitual cuando aterriza una denuncia en Caleta. Lo hizo mediante una resolución en la que sólo accedió a pedir diversa documentación relacionada con el local, como los expedientes de los litigios que tiene en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad. Así, una vez recibidos los documentos que quería analizar, ha constatado que ya existen pleitos en curso en esa jurisdicción. Además, considera que es esa vía la que asimismo debe seguirse para «la fiscalización» de la última actuación administrativa, que ha permitido que se colocase este verano maquinaria de climatización en el negocio. Por eso, la magistrada ha decretado en su resolución «el sobreseimiento libre y archivo» de las diligencias, al ser a su juicio la competente para el conocimiento de los hechos denunciados «la jurisdicción contencioso administrativa».

El auto, que según las fuentes consultadas ha sido recurrido, recuerda que la denuncia presentada por la plataforma vecinal se dirigía contra todos los cargos públicos, funcionarios o técnicos del Ayuntamiento de Granada, así como contra los particulares y empresas beneficiarias, como responsables o firmantes de los informes técnicos y jurídicos que dieron lugar «a la modificación integral» de la licencia original de un tablao flamenco para la construcción de una discoteca en el casco histórico de Granada, zona que está protegida por el PREPRI y por el PGOU.

Licencia original

Los vecinos querían que se depurasen posibles responsabilidades penales en concreto por el proyecto de ampliación de aforo y supuestamente de las instalaciones y el almacén de la discoteca Príncipe, situada en el número 7 de la plaza del mismo nombre. En su denuncia detallaban que fue en 1988 cuando se concedió al recinto por parte del Ayuntamiento licencia de actividad para restaurante, tablao flamenco con música y sala de fiestas con un aforo de 161 personas, hoy ampliado a 1.006 en virtud de distintos expedientes administrativos. Con posterioridad, según señalaban, «a través de la realización de mejoras y mantenimiento en salidas de evacuación y zonas comunes» se han acometido otras «obras de gran envergadura en el edificio, afectando y modificando las condiciones del inmueble en cuestión, así como su estructura y condiciones por las que se concedió la licencia en el año 88».

La jueza admite que existen al menos 25 expedientes administrativos relacionados con las actuaciones realizadas en la discoteca Príncipe, «que hace sumamente difícil el poder conocer y llevar a cabo un seguimiento de estas actuaciones, hasta el punto de que se ha llegado a aprobar un aforo de más de 1.000 personas respecto de un local cuya capacidad original era de 161». No obstante, y aunque da por cierta esta «queja» ante la dispersión de expedientes y actos administrativos, deja claro que «la posible solución al problema planteado debe llevarse a cabo ante la jurisdicción Contencioso Administrativa», exponiendo la necesidad de que los procedimientos, por ejemplo, se acumulen.

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