El juez rechaza investigar a Cuenca por la concesión del centro deportivo Antonio Prieto

El magistrado ha dictado un auto mediante el que inadmite la querella que la citada empresa, ServiOcio Cultura, Deporte y Recreación S.L., formuló tanto contra ellos como contra el Consistorio. La entidad consideraba al Ayuntamiento posible responsable civil subsidiario de las pérdidas económicas que alegaba haber sufrido «por una supuesta demora en la liquidación», según precisaron las fuentes municipales consultadas.

La resolución, dictada el pasado día 22 y a la que ha tenido acceso IDEAL, se produce después de que el fiscal examinara el asunto y no apreciase «indicio alguno de actividad ilícita por parte de la administración».

La querella fue presentada el pasado 20 de julio y provocó que el juez Moreno pidiera al Ayuntamiento el expediente administrativo de esta concesión, así como una resolución dictada al respecto por uno de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la capital. El juez coincide con este órgano en que «el mal resultado económico de la explotación conferida en su momento sólo se puede achacar a la gestión y decisiones de la parte querellante».

Y es que la empresa, como resalta el auto, decidió concurrir a la contratación «siendo perfecta conocedora no sólo del estudio de viabilidad, sino de la zona en la que se ubican las instalaciones, el perfil socioeconómico de sus habitantes y la difícil situación económica en general en ese tiempo».Pese a ello, según detalla la resolución, la entidad no sólo decidió presentarse a la licitación, sino que hizo «una oferta a la baja», que luego se rebajó -según indica la resolución- aún más. Sin embargo, no consiguió el resultado económico pretendido y solicitó su declaración en concurso.

«Ello, y no ningún acto administrativo prevaricador» es, a juicio del magistrado, el resultado de la «nefasta» situación económica de la entidad a consecuencia de la explotación de las instalaciones . «El hecho de que la parte querellante haya padecido quebranto económico no implica per se la existencia de actuación prevaricadora por parte de los querellados», añade.

La querella estaba dirigida tanto contra el alcalde como contra los tenientes de alcalde Ana Muñoz y Baldomero Oliver. También se incluía en la misma a los concejales Raquel Ruz, Miguel Ángel Fernández Madrid, Jemi Sánchez, Eduardo Castillo y María Leyva.

En sus razonamientos, el juez Moreno deja claro que del relato de hechos de la denuncia, así como del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Granada y de la sentencia dictada en la vía administrativa, «en ningún supuesto se observa la existencia de los elementos» del delito de prevaricación «por omisión» que apreciaba la empresa. A esta además le reprocha que «ni siquiera» hiciera «individualización alguna de actos prevaricadores dictados por todos ellos o por cada uno» de ellos. Para cerrar sus conclusiones, el juez recuerda que el derecho penal debe ser la última opción y censura que la entidad haya pretendido «revisar» la actuación administrativa en la vía penal, «sin haber intentado, al menos en la forma adecuada, el remedio a sus intereses en la vía correspondiente», que sería la administrativa o la civil.

En declaraciones a este periódico, Baldomero Oliver explicó que cuando el PSOE llegó a la Plaza del Carmen el asunto de esta concesión fue uno de los primeros problemas que se encontraron. El contrato con ServiOcio estaba «cumplido o a punto de cumplir» y, ante la situación en la que la empresa se encontraba -concurso de acreedores- y el impago del canon establecido, se dio por finalizada la concesión, aclaró Oliver, al tiempo que destacó «la falta de colaboración» y «las trabas» que puso la entidad «a la hora de aportar la documentación necesaria para el proceso de liquidación». Actualmente y desde hace un año, la adjudicataria es otra empresa que explota las instalaciones «con un canon mayor» y que no tiene ningún problema de rentabilidad.