El juez impone 665.000 euros de fianza por la trama del Catastro

Uno de los dos funcionarios del Catastro implicados, el día de su detención./Ramón L. Pérez
Uno de los dos funcionarios del Catastro implicados, el día de su detención. / Ramón L. Pérez

El instructor acuerda que se abra juicio oral contra los nueve acusados, que se enfrentan a penas de hasta 18 años de cárcel por seis delitos

Y. HUERTASGRANADA

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que ha investigado una supuesta trama corrupta que se habría beneficiado de alteraciones presuntamente irregulares en expedientes del Catastro de Granada, ha impuesto fianzas a los nueve acusados que suman la friolera de 665.000 euros. Esta cantidad no se ha fijado para eludir el ingreso en prisión, sino para responder, en caso de una eventual condena, a las indemnizaciones que se deriven de los supuestos hechos ilícitos cometidos.

IDEAL ha tenido acceso a la resolución del juzgado que deja el caso casi listo para ser enjuiciado. Se trata del auto de apertura de juicio oral, en el que se detallan los delitos por los que están acusados los implicados en la trama y las penas a las que se enfrentan. Son nueve los encausados por este asunto, que habrán de responder ante la justicia por los siguientes delitos, en su mayoría continuados: dos de falsedad en documento público, tres de cohecho y uno de infidelidad en la custodia de documentos. Eso sí, no todos los ilícitos se atribuyen a todos.

El juez considera que el órgano que debe de enjuiciar este asunto es la Audiencia Provincial de Granada, dada la enjundia de los hechos y el elevado castigo penal que acarrearían de demostrarse la culpabilidad de las personas involucradas.

El auto está fechado a finales de junio y no podía ser recurrido. No ha trascendido si el pago de las fianzas se ha hecho efectivo. Cada uno de los acusados tenía que abonar una cantidad a título individual y las más elevadas se impusieron a los dos trabajadores del Catastro. En concreto, el juez reclamó cantidades que van desde los 50.000 euros que se exigieron al jefe de Servicio de Gestión de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, F.G.T.M., hasta los 20.000 impuestos a J.J.M., un abogado también inmerso en la causa.

400.000 «adicionales»

Asimismo, para cinco de los encausados (los dos funcionarios del Catastro y tres empresarios) el instructor exigió que además abonaran «solidariamente» 400.000 euros «adicionales» de fianza por responsabilidad civil. Al mismo tiempo, avisó a todos de que si no la prestaban «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

En la causa figuran como perjudicados la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y seis personas, todos personados como acusación particular. Aparte, tienen la consideración de responsables civiles subsidiarios -de cara a las indemnizaciones que se tengan que abonar en caso de condena- tres empresas, así como la Administración del Estado «respecto a los importes reclamados a los funcionarios encausados en concepto de responsabilidad civil».

El auto revela que la Junta acusa sólo a seis de los procesados y que introduce un delito de «estafa» en su calificación -no incluido en la relación final que hace el juez- , «al hacer constar en las solicitudes de ayudas agrícolas de los años 2007 a 2012 que las parcelas eran titularidad de las empresas Magon S.L., Agoatalaya S.L. y Promociones Cort Air S.L.», que son las tres entidades también acusadas. Y en materia de indemnizaciones, pide que se pague a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural más de 456.000 euros por la cantidades obtenidas «fraudulentamente».

Por su parte, el Abogado del Estado acusa a las mismas personas por los mismos delitos que el ministerio fiscal y pide para los dos funcionarios que se han visto salpicados en este asunto similares condenas: 18 años para el jefe de sección y 13 para A.M.P., el otro empleado.

Como avanzó este verano IDEAL, en su escrito de acusación el fiscal del caso, José María Suárez-Varela, sitúa las operaciones presuntamente fraudulentas entre marzo de 2005 y mediados de 2013. Es en ese período, donde, según revela, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que analizaron una serie de expedientes de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, descubrieron las supuestas irregularidades (modificaciones y alteraciones) hechas presuntamente a cambio de dinero.

Fotos

Vídeos