El informe jurídico de Emucesa apunta a presunta malversación

Emucesa es la empresa que gestiona el cementerio de San José. /
Emucesa es la empresa que gestiona el cementerio de San José.

Cifra en 335.695 euros el coste de los contratos a cinco directivos que nunca acudieron a trabajar a la sede de la empresa, entonces 100% pública

Quico Chirino
QUICO CHIRINO

El consejo de administración de Emucesa se reunirá el próximo miércoles y lo hará -entre otras cosas- para resolver cómo actuar ante el caso de los supuestos contratos 'fantasma' en la etapa del PP, caso desvelado por IDEAL en el mes de diciembre. El gobierno municipal anunció entonces una auditoría sobre todos los contratos realizados en la empresa que gestiona el cementerio de San José y que en aquella etapa era 100% municipal. A final de año el caso quedó sobre la mesa, hasta conocer la valoración de un informe jurídico que se encargó a un despacho de abogados.

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El estudio de la documentación concluye que se firmaron entre 2003 y 2012 siete contratos de alta dirección que beneficiaron a seis personas. Solo consta -dice el informe- que una de ellas asistiera a la sede de la empresa y tuviera «mesa de trabajo» en las oficinas. De los otros cinco no hay rastro: «No se conoce ningún trabajo realizado, ni han recibido instrucciones del director gerente, ni han asistido a la sede de la empresa», recoge el informe al que ha tenido acceso IDEAL, en la misma línea que apuntaban los escritos que el gerente y el director general entregaron el 28 de noviembre a petición de una de las actuales consejeras, la concejala Marta Gutiérrez ('Vamos, Granada').

Tres de los contratados bajo sospecha han presentado alegaciones, pero el informe jurídico advierte de que no hay «constancia ni referencia alguna» en la sede de la empresa de las tareas y trabajos que mencionan.

El despacho vacío

Todos fueron fichajes de alta dirección suscritos, primero, por Eduardo del Moral -con cuatro de los beneficiados-, y en la última etapa por María Francés. El letrado concluye que podían hacerlo porque, aunque era una tarea más propia del director gerente, tenían facultades para hacer contratos hasta 300.000 euros. Teóricamente, estas personas asumían encargos de relaciones institucionales, contacto con los medios o asesoramiento del consejero delegado, que también tenía un despacho en Emucesa, aunque se dedicó a otros usos porque no solía estar ocupado: «La empresa dispone de espacios suficientes para acoger trabajadores adicionales y contaba con un despacho destinado al consejero delegado, que por falta de uso sirvió temporalmente para otros fines».

Solo uno de los seis -todos ellos ligados en su momento a la órbita del PP- tenía únicamente dependencia directa por contrato con el concejal. El resto, tenían una cláusula de «sometimiento del directivo a las directrices y coordinación del director gerente; y en todos se establece que el lugar de desempeño del trabajo será las oficinas de la empresa, sin perjuicio de acudir a otros lugares que se les señalen».

«La contratación de estas personas se realizó realmente para fines ajenos a Emucesa»

El informe jurídico no entra en la idoneidad o necesidad de estas contrataciones. Por eso no pone reparos a uno de los seis empleados, que sí tuvo un cometido -«realizó determinados estudios»- y cobró, en el tiempo que estuvo, 110.473 euros. Los otros cinco percibieron -incluidas las cuotas de la Seguridad Social- 335.695 euros. El informe jurídico plantea la posibilidad de reclamar ahora el reintegro de estas cantidades, previa declaración de nulidad de los contratos.

El informe concluye que la incorporación de estas personas se «realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa». Sobre las posibles consecuencias, el letrado apunta que los hechos -de ser sancionables- habrían prescrito en lo que afecta a Eduardo del Moral.

Sin embargo, no en el caso de María Francés, todavía consejera de Emucesa en representación del PP. El informe que se verá el miércoles en el consejo de administración apunta incluso a un presunto delito de malversación, que podría ser denunciado directamente o trasladado a fiscalía. La concejala de 'Vamos, Granada' Marta Gutiérrez ya puso en conocimiento de la fiscalía las presuntas irregularidades.

También abre la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para reclamar a la consejera «afectada el importe del daño causado».

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