Un informe concluye que se obró "conforme a la ley" durante el anterior mandato en TG7

Un informe concluye que se obró "conforme a la ley" durante el anterior mandato en TG7

El PP emplaza a quienes llevan dos años atribuyéndole irregularidades a que "pidan perdón"

EFEGRANADA

Un informe de la asesoría jurídica municipal ha determinado que durante el anterior mandato se actuó "conforme a la ley y al derecho" en la gestión de la televisión municipal de Granada (TG7), por lo que el PP ha emplazado a quienes llevan dos años atribuyéndole irregularidades a que "pidan perdón".

Juan Antonio Fuentes, actual coordinador del grupo popular y que en su día fue responsable de TG7, ha asegurado que durante todo este tiempo se ha sentido "perseguido", ha recordado que se le ha acusado de "barbaridades" y que no sólo se ha puesto en tela de juicio su gestión en la televisión sino también la labor de los trabajadores, lo cual le parece aún más grave.

"Que pidan perdón o, si siguen viendo alguna sombra de duda, que vayan de inmediato a la Fiscalía, que es algo que ya les he pedido varias veces", ha señalado el edil, que ha advertido que, quien quiera hacerlo, valore que estarían litigando contra un informe oficial del Ayuntamiento.

En ese sentido, Fuentes ha respondido también a quienes, tras difundirse el informe que le exonera de culpa, están diciendo que eso es el fruto de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PP, algo que es "rotundamente falso".

Insinuar eso siquiera, ha añadido, querría decir que alguien del equipo de gobierno ha ido a una funcionaria a decirle cómo debe hacer un informe y eso es un delito.

Por ello, ha pedido además al PSOE que, si es necesario, adopte las medidas jurídicas que convengan para proteger al personal porque ese tipo de acusaciones son "vergonzosas".

El coordinador, no obstante, sospecha que, pese a la "rotundidad" del informe, ningún grupo político querrá dar su "brazo a torcer".

Según ha informado el PP, el informe municipal no aprecia ninguna conducta susceptible de ser considerada como un delito de prevaricación administrativa y resalta que no se vulneró la legalidad al contratar unos servicios complementarios valorados en 547.000 euros, una cantidad que figura en una factura emitida por una productora y que repercutió en las arcas municipales.

"Pasó como ocurre con Canal Sur, que cierra un ejercicio con una deuda de 27 millones y esa deuda la asume la Junta de Andalucía", ha comentado Fuentes.

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