Granada supera las 4.200 demandas por cláusulas suelo en menos de siete meses

Entrada de la sede del TJUE, que está en Luxemburgo y declaró la retroactividad total./JOHN THYS / AFP
Entrada de la sede del TJUE, que está en Luxemburgo y declaró la retroactividad total. / JOHN THYS / AFP

El juez decano insiste en que el personal del órgano especializado es insuficiente y revela que más de la mitad de los litigios no están incoados

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

El próximo lunes, 1 de enero, se cumplen siete meses desde que entró en funcionamiento el plan de urgencia del Gobierno para hacer frente al aluvión de litigios por cláusulas suelo que se esperaba. Aunque hasta entonces no se conocerá el total exacto de demandas registradas en Granada durante su vigencia, en la provincia ya rebasaban ayer las 4.200, cifra que ha superado las previsiones.

El plan en cuestión se diseñó tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, que declaró la retroactividad total, obligando a las entidades financieras a devolver a los clientes afectados -que reunieran los requisitos- todo lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca con este tipo de cláusula abusiva.

Las medidas urgentes aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -máximo órgano de gobierno de los jueces- arrancaron el 1 de junio en todo el país, si bien en Granada en realidad no comenzaron hasta dos semanas después. En concreto, el plan consistía en la especialización de juzgados de Primera Instancia existentes -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces han llevado «de manera exclusiva y no excluyente» los litigios relacionados con las condiciones generales de la contratación. En estos asuntos sobresalen las cláusulas suelo, pero también hay vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En Granada, el 9

El órgano que se especializó en la capital y que atiende los casos de toda la provincia fue el Juzgado de Primera Instancia 9 -se creó el juzgado 9 bis-, que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta ha ido dotando de medios de forma progresiva conforme iban evaluándose las necesidades.

El pasado día 21 de diciembre, en la estadística de Granada ya había contabilizadas un total de 4.092 demandas, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, hasta ese día se habían celebrado 172 audiencias previas, de las que 42 han acabado en juicios, y se han dictado 87 sentencias. La cifra de demandas que manejaba ayer el sindicato SPJ-USO -mayoritario en Justicia- ya alcanzaba las 4.220.

La entrada de asuntos en estos menos de siete meses ha sido mayor a la inicialmente prevista. Así lo confirma el juez decano del partido judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, quien desvela que de esas más de 4.000 demandas más de la mitad aún no están incoadas, «y se tardará cierto tiempo en que se incoen, ya que el personal existente es insuficiente para este volumen de trabajo». Y es que los funcionarios con que se ha dotado al órgano para reforzarlo no alcanzan a día de hoy el número que tiene cualquier juzgado de Primera Instancia. Ya en su momento los jueces decanos, las juntas de jueces y las asociaciones judiciales y de consumidores alertaron de que el volumen de la materia que se había atribuido a un solo órgano era inasumible.

«Se argumenta que se favorece la unidad de criterio, cuando lo cierto es que, el criterio es el que ya nos viene impuesto del TJUE y del Tribunal Supremo (TS)», manifiesta el magistrado, para subrayar que ese argumento hubiese servido en los años que discurrieron entre 2012 y el año pasado, pues no es hasta entonces «cuando el TS fijó claramente criterios para identificar como abusivas la mayoría de las cláusulas que se estaban discutiendo y los efectos que habría de otorgarse a la referida declaración». Sin embargo, en el momento actual, según agrega, «en la mayoría de los asuntos los criterios están asentados, aunque surgen nuevas cuestiones continuamente». Además, la facilidad en la tramitación de estos procesos es relativa, o mejor dicho, «es puramente teórica, ya que hay sentencias similares pero no dos sentencias iguales sobre dicha materia».

El juez decano siempre ha abogado por recuperar la forma de funcionar de antes, cuando estos litigios se repartían entre todos los juzgados de Primera Instancia de la capital, pero eso sí, estableciendo refuerzos para todos ellos y creando nuevos juzgados, que como enfatizó «son muy necesarios». Ayer se supo que el nuevo plan mantiene el órgano especializado, pero lo libera de otros asuntos que no estén relacionados con la materia.

Otros operadores jurídicos, como el colectivo de procuradores de Granada, cuyo decano es Gonzalo de Diego, apuestan en cambio por «la adscripción de uno o dos jueces de refuerzo en este juzgado, lo cual aliviaría sin duda la agenda de señalamientos, y por tanto el plazo de resolución de asuntos, el cual para una sola juez es totalmente imposible de acortar».

Fotos

Vídeos