Un funcionario de la Caleta y un revisor llegan a juicio por un recargo de 20 euros de la LAC

El funcionario muestra el bonobús que afirma que validó./IDEAL
El funcionario muestra el bonobús que afirma que validó. / IDEAL

El denunciante, que trabaja en un juzgado, afirma que llegó tarde a su puesto porque se le retuvo hasta acudir la Policía pese a que no se negó a identificarse

YENALIA HUERTASGRANADA

Un juzgado de Instrucción de la capital enjuiciará el próximo 5 de diciembre, a las 10.10 horas, a un revisor de los autobuses de la LAC denunciado por imponer un recargo de 20 euros a un usuario por no haber pagado el viaje, pese que este asegura que validó la tarjeta y que la máquina debió fallar. El ciudadano, que es funcionario de los juzgados de la Caleta y se encontraba ese día de guardia, sostiene que, ante su negativa a abonar el recargo en el acto, fue retenido hasta la llegada de la Policía Local en la parada de San Juan de Letrán y ello pese a que -según su versión- acabó facilitando sus datos personales al trabajador.

-Delito leve
Se atribuye al trabajador de la LAC un posible delito leve de coacciones, según precisaron fuentes judiciales.
-Vista
El revisor ya ha sido identificado y tendrá que comparecer el 5 de diciembre a las 10.10 horas en los juzgados de la Caleta. La vista se ha señalado en un juzgado de Instrucción de la capital.
-Abono
El usuario acabó pagando el recargo de 20 euros en los días siguientes para evitar una sanción económica más elevada.

IDEAL ha tenido acceso a la denuncia que formuló el usuario el pasado 2 de junio ante el Juzgado de instrucción 9 de la capital, en la que relata que sobre las 15.25 horas, tras subirse a uno de los autobuses de la LAC, un revisor le pidió la tarjeta y, al hacer las comprobaciones pertinentes, le indicó que no constaba la validación del viaje. Ante ello, él le garantizó que «había validado la tarjeta en la parada sita en el Palacio de Congresos, junto a los jardines» y que había escuchado el «pitido» antes de subir al vehículo. «Por el revisor se insistió en el que no había validado la tarjeta y se me informa que tenía que bajarme del autobús», prosigue la denuncia. La bajada de ambos se produjo en la Parada de San Juan de Letrán. Allí, siempre según su versión, el empleado le informó de que debía abonar 20 euros en metálico o hacerle entrega de la tarjeta de crédito. Esos 20 euros son el recargo establecido por la Rober en caso de impago del billete -y no una sanción ni una multa-. El funcionario se negó entonces «rotundamente» e insistió en que nada irregular había hecho y «que se trataba de un fallo de la máquina validadora».

Ante su negativa a pagar, el revisor le comunicó que debía esperar allí hasta la llegada de la Policía Local. Como los agentes tardaban, el denunciante explicó que tenía «prisa», pues se tenía que marchar a su trabajo al encontrarse su juzgado en funciones de guardia ese día. Sin embargo, el revisor hizo «caso omiso» -señala la denuncia- y le dijo que tenía que esperar. El hombre tuvo entonces que avisar al juzgado de que se retrasaba. Había pasado «media hora» y, como no llegaba la Policía, manifestó a un compañero del revisor que «no tenía ningún problema en darle la documentación», por lo que le tomó los datos. Justo cuando lo hacía aparecieron los agentes.

La empresa asegura que sus empleados se ajustan siempre a lo establecido en las ordenanzas

La denuncia pone de relieve que el trabajador de la LAC «en todo momento hablaba de que seguía el protocolo». Sin embargo, según el usuario, la ordenanza municipal reguladora de las personas usuarias del transporte urbano de Granada, de fecha 13 de marzo de 2014, dispone que «la persona usuaria habrá de identificarse y facilitar sus datos personales al personal de la empresa concesionaria que le requiera, quien podrá reclamar el auxilio de los agentes de la autoridad en caso de negativa o resistencia».

En este punto, garantiza que «en ningún momento se negó a identificarse», así como que «en ningún momento» fue requerido para que exhibiera su documento de identidad, sino que al negarse a pagar directamente se avisó a Policía Local.Por eso, el hombre cree que fue «retenido indebidamente durante media hora en la vía publica». «Entiendo que este tipo de comportamiento, llamar directamente a la Policía Local cuando no se abonan los 20 euros es una forma coactiva para el pago; retener a una persona cuando no se ha negado a identificarse es un comportamiento coactivo», opina el afectado.

Transportes Rober

Este diario contactó ayer con el gerente de Transportes Rober, Francisco Gámez, quien indicó que no tenía constancia de este caso particular ni de que se hubiera formulado una denuncia por la vía penal. No obstante, dejó claro que los fallos en las máquinas validadoras se dan de forma «muy puntual» y «siempre se comprueban».

Asimismo, el gerente de la empresa resaltó que los revisores se ajustan siempre a lo establecido en las ordenanzas. Precisó así que «no sancionan», sino que se limitan a emitir un recargo de 20 euros por no haber abonado el billete. En caso de que el usuario no lo pague en el acto, se le dan «cuatro días» para que se dirija a la oficina de atención al público para hacerlo. De no efectuarse, es cuando se da cuenta al Ayuntamiento para que se inicie un procedimiento sancionador que puede culminar en una multa próxima a los 200 euros. Gámez dejó claro que «el revisor no puede obligar a nadie a que se identifique» y que si se niega a pagar es cuando se llama a la Policía Local.

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