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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez recibe un espaldarazo judicial para mantenerse al frente del Real Madrid
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Florentino Pérez recibe un espaldarazo judicial para mantenerse al frente del Real Madrid

Desestimada la demanda contra la modificación de los estatutos que endureció los requisitos para ser candidato a presidente

ignacio tylko

Jueves, 11 de febrero 2016, 13:56

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recibió este jueves una buena noticia procedente de los juzgados que, seguramente, facilitará su reelección al frente del club blanco. El juzgado de primera instancia número 51 de la capital ha desestimado de forma íntegra la demanda presentada por un grupo de socios contra la modificación de los estatutos de la entidad, aprobada en la asamblea general de compromisarios celebrada en septiembre de 2012. Esa modificación, impulsada por el máximo mandatario merengue, endureció los requisitos para poder presentarse a las elecciones.

Se exigen desde entonces 20 años de antigüedad como socio abonado en lugar de 10, y la garantía de que el aval bancario presentado fuese sellado por una entidad registrada en España y respaldado sólo con el patrimonio personal de los candidatos, no de terceros. La obligación de presentar una garantía equivalente al 15% del patrimonio del club fue aprobada ya en tiempos de Ramón Mendoza (1992). Pero entonces, el presupuesto del club rondaba los 57 millones, por lo que se exigía un preaval de más de 8,5 millones que ahora asciende a cerca de 100 millones.

La fiscalía, que apoyaba las tesis del Real Madrid, ya pidió en noviembre pasado la desestimación de la demanda presentada por 15 socios. Y lo justificó con el argumento de que el hecho de endurecer las exigencias de antigüedad y de respaldo económico a las candidaturas perseguía cumplir con el espíritu de transparencia emanado de la Ley del Deporte. La fiscal Carmen Marticorena y ahora la jueza Almudena Maricalva Arranz sostienen que esa modificación presupuestaria impulsada por Florentino Pérez no vulnera los derechos de los socios.

«No hay discriminación»

«Aquí no puede venir cualquiera con un poco de labia y quedarse con el Real Madrid; esto no es un club de petanca», expuso el presidente en esa polémica asamblea de 2012. La fiscal y el juez estiman que ese cambio en la normativa siguió el cauce legal y obtuvo el respaldo del 90% de los socios compromisarios, ya que 997 votaron a favor y 100 en contra. Y entienden que los nuevos requisitos exigidos no suponen ninguna discriminación porque permiten que la mayoría de los socios del Real Madrid puedan presentarse a futuras elecciones.

Cerca del 85% de los abonados habrían cumplido con la exigencia de esos 20 años de antigüedad para poder ser miembros de la junta directiva del club en las últimas elecciones de 2013 y casi 30.000 podrían haber aspirado a la presidencia, según los datos presentados en la vista. Sin embargo, la realidad determinó que no hubo elecciones por falta de candidatos. En 2017, según esos datos aportados por el Real Madrid en la vista, el 93% de los socios podrían ser directivos y 40.000 optar al sillón principal en el palco del Santiago Bernabéu.

Mucho más difícil resulta poder cumplir las exigencias económicas y poder preavalar ese 15% de una entidad con más de 550 millones de presupuesto. Pero la justicia considera que el hecho de que esa garantía tenga que ser concecida por una entidad registrada en España es una prueba solvencia, y que además esté respaldada por el patrimonio personal de los candidatos, y no de terceros, evita el riesgo de no saber quién está realmente detrás de las candidaturas.

La demanda fue interpuesta por los socios Rafael Martínez-Campillo, Francisco Bernabéu, José Pina, Marcelino Martínez, Rodrigo Martín, José Francisco Canales, Jaime Roque Canales, Antonio Calderón, José Manuel Soriano, José Manuel Pérez, Fidel Bernabéu, José María Filgueiras, Francisco Gaspar Riquelme, José Canales y Antonio Cascales, según informó el Real Madrid. Tras esta resolución judicial desfavorable, deberán pagar las costas procesales causadas. Pero anuncian que recurrián en un plazo de 20 días ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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