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M. N.
MOTRIL
Sábado, 17 de febrero 2018, 14:53
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En el año 2001, las oleadas de pateras que comenzaban a probar nuevas rutas para alcanzar el país, tras el blindaje del litoral de Cádiz, cogieron a la Costa de Granada totalmente desprevenida y sin medios. Fue una época durísima en la que los inmigrantes pasaban sus primeras horas en cuarteles, hacinados en pasillos de comisarías, parroquias y hasta en patios a la intemperie. Tuvieron que pasar tres años así hasta que, en febrero de 2004, el Gobierno abría el denominado 'centro temporal de acogida del puerto de Motril' (CATE) para acabar con la improvisación y la precariedad de medios en la atención a estas personas rescatadas de las pateras. Las instalaciones supusieron una inversión de un millón de euros por parte del Gobierno que llegó aparejada a la puesta en marcha del ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias) de Cruz Roja. Pero aquel centro, que la Costa acogió con los brazos abiertos, no dejaba de ser un espacio de internamiento donde, en ocasiones, las madres con sus hijos tienen que pasar unas horas mientras el Gobierno les busca centros de acogida concertados con ONGs.
En el año 2007, el Gobierno, invirtió medio millón de euros en la ampliación del centro de acogida y también se reforzaron medidas de seguridad, tras varias fugas de grupos en los años anteriores.
Pero el centro siempre ha estado en el ojo del huracán por las continuas denuncias sobre las condiciones en las que están internados los inmigrantes. Los más beligerantes con las denuncias, sin duda, han sido los propios policías que custodian a estas personas. El Sindicato Unificado de Policía ha exigido en mil y una ocasiones el cierre del centro y ha denunciado que no tiene condiciones dignas ni para los inmigrantes ni para los propios agentes que tienen que velar por su seguridad. En numerosas ocasiones, en estos doce años, han dado la voz de alarma también sobre la falta de policías en la calle cuando llegan pateras a Motril y el sobreesfuerzo que realizan estos agentes, para los que han llegado a pedir una medalla.
Por otro lado, el centro también ha sido utilizado como arma arrojadiza por PSOE y PP en su dinámica de confrontación política. Si en la época en la que gobernaba el PSOE era el PP el que pedía mejoras para el centro, ahora se ha invertido el papel. El pasado mes de enero, sin ir más lejos, el grupo parlamentario socialista entraba en el CATE y denunciaba la existencia de «celdas sin ventilación y un baño para 90 personas».
Tampoco es la primera vez que el Defensor del Pueblo muestra su preocupación por la situación del CATE de Motril. El pasado mes de noviembre, apenas unos días después de la visita sorpresa de sus técnicos a Motril, Fernández Maruán advertía: ««Hay calabozos que no son tolerables desde el punto de vista de la dignidad humana y en Motril y Málaga los hay».
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