Un ladrón de la Costa estuvo preso 397 días de más

120 euros por día de indemnización. :: ideal/
120 euros por día de indemnización. :: ideal

La Audiencia Nacional confirma que el Estado debe indemnizarle con 47.000 euros por un «funcionamiento anormal» de la Justicia

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

A veces los cálculos fallan y la Justicia, también. El caso de B.L.S., un expreso que cumplió condena hace años por una quincena de hechos delictivos que fueron enjuiciados por el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, es un ejemplo de que a veces se produce un funcionamiento anormal de las administraciones: estuvo 397 días de más entre rejas.

Así consta en una sentencia dictada el pasado 18 de enero por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que confirma la suma con la que este hombre, que cometió en su día numerosos robos violentos y faltas, debe ser indemnizado por el Estado por ese «exceso» de encierro. En total, B.L.S. percibirá 47.640 euros, o lo que es lo mismo: 120 euros por cada día 'extra' que pasó indebidamente en una celda.

La resolución, que podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), desestima el recurso que el exrecluso interpuso contra una resolución del Secretario de Estado de Justicia que estimó en parte, en el año 2016, la reclamación por responsabilidad patrimonial que presentó su abogado a finales de 2012, año en el que B.L.S. abandonó por fin el presidio. El exreo recurrió porque consideraba que estuvo no 397, sino mil días de más entre barrotes, extremo que rechaza la resolución.

Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso este diario, el expreso estaba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Madrid IV (Aranjuez) y fue puesto en libertad el 8 de marzo de 2012 en vez del 2 de febrero de 2011, fecha en la que debió producirse su «licenciamiento definitivo» y, por ende, ser excarcelado. Sin embargo, se pasó dentro del penal un año y pico más porque hubo un retraso en el dictado de la sentencia del Tribunal Supremo que revisó la refundición de condenas en su caso. Ese retraso no se debió a que los jueces del alto tribunal tardaran más de la cuenta en pronunciarse, sino que se produjo porque en un primer momento el TS inadmitió su recurso contra la acumulación de condenas que hizo el juzgado motrileño y a él no se le notificó la inadmisión hasta casi un año después.

Error de cálculo

El exreo acabó pidiendo la nulidad de esa inadmisión y al final así sucedió: el TS anuló su propia decisión de no admitir su recurso contra la refundición de condenas que se había hecho en Motril y la acabó revisando. Al analizar las cuentas que había hecho el juzgado granadino, las corrigió tras detectar un error «que dejaba sin base los cálculos utilizados». Ante ello, el TS anuló la suma de penas que había hecho el juzgado motrileño y estableció un «límite máximo de cumplimiento de 10 años 28 meses y 11 días» para el preso. «Vista la fecha del licenciamiento definitivo, la puesta en libertad se produjo con un retraso de 397 días respecto a lo que habría sido procedente», recoge la resolución. En definitiva, el error de cálculo «tardó en rectificarse» porque se tardó en notificar al expreso que su recurso había sido inadmitido. Si esto no hubiera pasado, se habría dictado la sentencia del Tribunal Supremo antes y el exrecluso habría pisado la calle cuando le correspondía.

Aunque la Justicia admita que hubo un funcionamiento anormal de la Administración, rechaza que se tenga que indemnizar con 72.840 euros más a B.L.S., que habrá de conformarse con los más de 47.000 euros fijados por el perjuicio que se le causó al prolongarse su estancia en el penal esos 397 días con sus 397 noches.

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