400 hectáreas de invernaderos ven peligrar las ayudas de la Junta por su situación alegal

Vista general de una zona de invernaderos de Motril/Javier Martín
Vista general de una zona de invernaderos de Motril / Javier Martín

Más de 200 hectáreas en Motril no podrán optar a estas ayudas para modernizarse por estar fuera del PGOU

Laura Gautier
LAURA GAUTIERMotril

Como ya hiciera el año pasado, la Junta de Andalucía ha lanzado una serie de ayudas para que los invernaderos de la zona, uno de los grandes motores económicos de la Costa, tengan la oportunidad de modernizarse. Las subvenciones, a las que los agricultores pueden aspirar para renovar sus invernaderos –e incluso para construir uno nuevo–ascienden a un total de 10 millones, que se invertirán en toda Andalucía. Un anuncio que sabe a gloria y por el que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya está organizando reuniones para que los agricultores granadinos tengan claro cómo pedirlas. Sin embargo, no todos podrán optar a llevarse el máximo de 120.000 euros a los que pueden aspirar por instalación y con el que podrían cubrir hasta el 90% de los nuevos materiales e instalaciones para ser más competitivos.

Muchos agricultores de Motril y de Albuñol están viendo que no pueden reunir los papeles que les piden, simplemente porque se encuentran en una situación alegal que les impide conseguir ciertos permisos. Alrededor de 400 hectáreas entre ambas localidades que verán peligrar, un año más, estas ayudas. «Y si no van a Granada, irán a otro sitio», advierte José Martín, uno de los agricultores afectados.

José es uno de los propietarios de aquellos invernaderos que se quedaron fuera del plan de ordenación de 2003. Al quedarse fuera del PGOU se encontraron en una especie de limbo administrativo que no les permite solicitar al Ayuntamiento los papeles que desde la Junta les requiere. Sin ir más lejos, no pueden obtener un simple permiso de obra y sin él, les es imposible acceder a la subvención, ya que no pueden acreditar qué harán con el dinero.

Miguel Monferrer, presidente de COAG Granada es consciente de la situación y ratifica lo que los agricultores sienten como una situación de desigualdad con respecto a otras zonas. Monferrer advierte de que tan sólo en Motril, hay unas 200 hectáreas que se encuentran en esta situación. «Se quedará mucha gente fuera», reconoce, mientras José Martín indica que hasta un 40% de las instalaciones bajo plástico de la localidad costera no podrán acogerse a unas ayudas, «muy necesarias» para ser competitivos. Porque, según indica, muchos de ellos llevan ahí desde los 80 y nunca han podido tocarse para renovarse.

Cuando el agua es el problema

A estas 200 hectáreas en Motril habrá que sumar, además, al menos 200 que se extienden por los campos de Albuñol, donde basta echar un ojo para darse cuenta de que el cultivo bajo plástico es el sector que da de comer a buena parte de los vecinos. En este caso, el problema no es la ubicación de los invernaderos, sino aquello que precisamente les da la vida: el agua. No todas las comunidades de regantes de Albuñol cuentan con la concesión administrativa de suministro, lo que provoca que, en la práctica, también se encuentren en una situación anómala que les impide solicitar las ayudas. Un problema que no afecta a uno o dos invernaderos aislados, sino a las dos grandes comunidades de regantes del municipio, que aglutinan a más de 400 agricultores que explotan entre siete y ocho mil metros cuadrados de tierra bajo plástico.

Miguel Monferrer, que además es concejal de Albuñol por el partido ‘Somos Vecinos’, explica que para pedir las ayudas con garantías hay que contar sí o sí con la concesión administrativa del agua, por eso anima a que se soliciten ya porque puede que que cuenten con este requisito antes de que se cierre la convocatoria. «Ha existido una dejadez histórica por parte de todos, tanto agricultores como administración porque nunca ha hecho falta, pero desde el año 2015 todos empezamos a ponernos las pilas», indica.

Aún así, el presidente de Coag asevera que desde el verano las comunidades están trabajando para regularizar el agua. «Muchas tienen ya el suministro en orden y otras lo están pidiendo. En las reuniones les estamos diciendo que pidan las ayudas», ya que puede ser que puedan presentar esos papeles en el periodo de alegaciones», puntualiza Monferrer.

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