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La prórroga del alquiler de los bajos del Altillo hasta 2033 genera polémica en el Ayuntamiento

Bares a lo largo del Paseo del Altillo de Almuñécar.
Bares a lo largo del Paseo del Altillo de Almuñécar. / JAVIER YÁÑEZ
  • Los andalucistas presentarán una moción para denunciar supuestas «ampliaciones irregulares» al no haber pasado por pleno o concurso público

Los bajos del Paseo del Altillo conforman el corazón de la vida nocturna de Almuñécar, pero en el próximo pleno también serán el centro de la polémica política. Los andalucistas sexitanos anunciaron ayer que presentarán una moción para aclarar las supuestas «prórrogas irregulares» de los contratos de alquiler de alrededor de nueve locales en una de las zonas más cotizadas de la localidad que, según expresaron, se han ampliado hasta el año 2033 sin que hayan pasado por concurso público o por un acuerdo plenario. Esto, según indicaron los propios andalucistas, podría implicar una «transgresión de las normas de procedimiento», según manifestó el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que también denunció el supuesto cobro de rentas bajas a estos locales, concretamente de entre 100 y 200 euros, algo que no se corresponde, según apuntó con lo que demanda el mercado y que podría suponer la pérdida de alrededor de seis millones de euros para las arcas municipales.

En un comunicado, la agrupación andalucista señaló que el gobierno de Trinidad Herrera se agarra a un acuerdo plenario del pasado 18 de mayo de 2015 para prorrogar estos contratos, algo que -explican desde la formación- no tiene validez y puede implicar una «ampliación irregular», expresaron desde la Secretaría de Comunicación. Este periódico intentó contactar en varias ocasiones con el equipo de gobierno de la localidad sexitana para conocer su versión de los hechos sin éxito.

Los andalucistas, por su parte, argumentan que no existe acuerdo plenario alguno que regule la ampliación de contratos de alquiler de estos locales, sino que se trata de un acuerdo que sólo regula el tipo de actividad que se puede desarrollar en ellos y no la ampliación o otorgamiento de concesiones. «Es más, cuando en agosto de 2003 se aprobaron los arrendamientos de los bajos, tras las obras en el Paseo del Altillo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 fijaba la finalización de los contratos el 1 de enero de 2015 y, en ciertos casos, el 31 diciembre de 2019. Y en la misma línea constan distintos informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento», señalaron en el mismo comunicado.

Así se expresa también en la moción remitida por el propio Partido Andalucista, donde denuncian que los locales a los que se les ha ampliado la concesión contaba, en algunos casos, con plazos de finalización del contrato ya vencidos desde enero del año 2015 y, en otros, con plazos de finalización de contratos futuros, concretamente para el 31 de diciembre de 2019. La ampliación, según manifestó el portavoz andalucista, Juan Carlos Benavides, se ha llevado a cabo «sin que el pleno se haya pronunciado de manera explícita sobre ello, con un acuerdo que vulnera el interés general».

«Renta ridícula»

Los andalucistas sostienen además que estos locales «pagan al Ayuntamiento una renta mensual ridícula en comparación con los precios del mercado», que ronda «entre los 100 y los 200 euros al mes», algo que, según afirmaron podría suponer una pérdida para las arcas municipales «de seis millones de euros».

Para la formación política, estos nuevos convenios «son irregulares y lesivos» para el interés general de la localidad, por lo que pedirán que se dejen sin efecto «todos los convenios o acuerdos que se hayan concertado desde el año 2015» con los distintos arrendatarios de los locales de los bajos del Paseo del Altillo.

A su vez, los andalucistas pedirán que se lleve a cabo un informe para aclarar si ha existido o no ese quebranto a las arcas municipales por esta prórroga que, según señalaron, supone una transformación en los contratos, que pasarían de tener un carácter arrendatario, a un carácter de «concesión con un plazo de vencimiento» que llegarían hasta agosto de 2033, tal y como aseguró en el mismo comunicado el propio Juan Carlos Benavides. Para aclarar la situación, los andalucistas pedirán un dictamen pericial a un técnico o empresa de tasación «competente e independiente».