El Consejo Consultivo manda revisar la concesión del Serrallo una década después

La discoteca de la polémica del caso Serrallo está cerrada./Alfredo Aguilar
La discoteca de la polémica del caso Serrallo está cerrada. / Alfredo Aguilar

El órgano admite en su dictamen que hubo «plena permisividad municipal» en las obras ejecutadas en vez del parque de atracciones infantil inicialmente previsto

Y. HUERTAS Y Q. CHIRINO

En el 'laberinto' administrativo que rodea a la discoteca del Serrallo, donde de momento todos los caminos conducen a los juzgados, el Ayuntamiento de Granada decidió, a finales de enero, dar un paso –creía– definitivo e iniciar el procedimiento para revocar la concesión de la zona de ocio. Al oponerse la empresa contratista, pidió opinión –la ley así lo estipula– al Consejo Consultivo de Andalucía, que ha abogado ahora por que se revise la validez de la concesión, cuyo expediente data de 2005.

IDEAL ha tenido acceso al dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, fechado el 9 de abril. En apariencia es contradictorio. Dictamina «desfavorablemente el procedimiento de resolución del contrato de concesión de la explotación» de la discoteca, que en un principio iba a ser un parque de atracciones infantil. No entra a volorar si se han incumplido los pliegos, como alega el Ayuntamiento. Pero porque cuestiona el origen de todo: la concesión en sí.

El Ayuntamiento esgrimió varias causas para la resolución del contrato, pero el Consultivo entiende que «no procede» su pronunciamiento, «ya que previamente a resolver un contrato con evidentes indicios de invalidez, lo pertinente es determinar si es o no válido para el mundo jurídico». Es por ello que para este órgano superior de consulta de las administraciones andaluzas, cuya sede está en Granada, sea «preciso» que por el Consistorio «se proceda a iniciar y tramitar el correspondiente expediente de revisión de oficio» de la contratación en cuestión, «solicitando –añade– el dictamen preceptivo de este órgano en su momento procedimental pertinente».

Las fuentes municipales consultadas ayer por este diario indicaron que ante este dictamen del Consultivo, que «no es vinculante», tocaría revisar la concesión, porque «el contrato sería nulo de pleno derecho». Sin embargo, al estar el asunto 'sub judice' y en fase muy avanzada –la causa penal contra el anterior gobierno municipal, del PP, está a las puertas de juicio– el Consistorio no va a tomar una decisión sobre la marcha, al estar pendiente de lo que se resuelva judicialmente.

Las causas que el Ayuntamiento alegaba para revocar la concesión eran incumplimientos de lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas. La primera era que antes de comenzar a funcionar el servicio, la empresa adjudicataria debía presentar «un proyecto de explotación» del parque. En segundo lugar, alegaba que debía «ejercer por sí la concesión y no traspasarla o cederla a terceros sin la anuencia del Ayuntamiento». En este punto, recordaba que la contratista original era Inversiones Área Sur pero transfirió el cien por cien de sus participaciones a otra entidad denominada Taler Real State. Junto a estas dos causa, añadía el impago del canon fijado en la concesión –12.000 euros al año–, el cual según recoge el documento fue ingresado por la concesionaria el pasado 8 de febrero.

Con independencia de lo que ahora suceda con el procedimiento de la revocación, lo cierto es que el dictamen del órgano que preside Juan Cano Bueso admite que «de forma paulatina y sucesiva, y con plena permisividad municipal» se han ejecutado obras (una pista de patinaje cubierta y un pabellón destinado y utilizado como restaurante-pub-discoteca) que ocupan «en exceso» el límite del 2% prescrito por la normativa urbanística para usos comerciales de apoyo. Frente a lo construido, revela que el parque, según recogía el pliego de condiciones de la concesión, debía contener «como mínimo, una minimontaña rusa, un 'jumpinstar', un 'skater', un 'aero max', sillas voladoras y una torre de ocho globos.

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