Condenado por coacciones un revisor de la LAC por retener a un usuario

Uno de los atobuses que cubren el trayecto a Caleta./A. AGUILAR
Uno de los atobuses que cubren el trayecto a Caleta. / A. AGUILAR

El juez le impone 90 euros de multa al concluir que el pasajero, que garantizó haber validado la tarjeta, se mostró dispuesto siempre a identificarse

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

El juez de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, ha condenado por un delito leve de coacciones a un revisor de la LAC que el pasado 31 de mayo retuvo en la parada de San Juan de Letrán, ya cerca de la Caleta, durante «media hora», a un pasajero cuyo bonobús no fue bien validado por la máquina de la parada del Palacio de Congresos de la capital.

IDEAL ha tenido acceso a la sentencia, que fue dictada el pasado 13 de diciembre tras la celebración del juicio en la Caleta y que, según las fuentes consultadas, aún no es firme. El fallo castiga a este trabajador de la empresa Rober -concesionaria del servicio de autobús de la ciudad- a pagar una multa de 90 euros, al concluir que la declaración incriminatoria del denunciante, que es funcionario judicial y se dirigía a trabajar al juzgado de guardia aquel día, es «nítidamente verosímil».

En opinión del juez, la versión del pasajero, que garantizó haber validado su tarjeta, es «coherente, sólida en el tiempo, exenta de contradicción o fisura de signo alguno». Además, el revisor denunciado era una persona «desconocida» hasta ese momento para el usuario denunciante, por lo que no había móvil de resentimiento o venganza alguno.

La sentencia otorga especial importancia al testimonio que prestaron los agentes de la Policía Local de Granada que acudieron a la parada donde el revisor mantuvo al pasajero. Estos manifestaron que eran «múltiples» las «reclamaciones y quejas» de los ciudadanos usuarios del servicio «por las frecuentes anomalías e irregularidades en el funcionamiento de los dispositivos de validación de las tarjetas de transporte». Asimismo, existe, según agrega el magistrado, «constancia explícita de la disponibilidad del denunciante en todo momento a acreditar y facilitar su identidad».

El juez no otorga verosimilitud, en cambio, al testimonio que ofreció un revisor compañero del denunciado que estaba presente el día del incidente y que no pudo confirmar «el dato incuestionable e incontrovertible» -pues fue reconocido por el propio denunciado- de la «retención» del pasajero.

La sentencia considera probado que el incidente ocurrió el 31 de mayo pasado sobre las 15.25 horas. El hombre, que se dirigía a trabajar, había cogido la LAC en el Palacio de Congresos y un revisor se le acercó para que «exhibiese su tarjeta de transporte». El hombre así lo hizo y el empleado, una vez realizó las comprobaciones que estimó convenientes, «le manifestó que no había validado la tarjeta». El usuario le contestó que «sí lo había hecho» y le precisó la parada donde se había subido y «donde nítidamente escuchó el pitido que advera la validez de la operación».

Así la cosas, «sin atender a las explicaciones del usuario -indica el magistrado-, el denunciado obligó al anterior a apearse del autobús en la parada localizada en San Juan de Letrán», donde retuvo en su mano la tarjeta de 'Credibús' del funcionario durante aproximadamente media hora, hasta la llegada de la dotación policial.

Llegada de los agentes

La llegada de los agentes se produjo cuando el revisor tomaba ya los datos del usuario «a los efectos previstos en la ordenanzas del sector» y «sin que durante dicho lapso cronológico el denunciado verificase comunicación de signo alguno con miras a comprobar si existía alguna disfunción o fallo en el mecanismo de validación localizado en la parada del Palacio de Congresos». Y todo ello, según resalta el juzgador, siendo «consciente» de que el usuario debía cumplir «una función pública ineludible» en el juzgado de guardia.

No consta, concluye el juez, que el usuario se negase en esa media hora a facilitar sus datos de identidad al revisor, «quien en todo momento retuvo en su poder la tarjeta de transportes» de aquel hasta la llegada de los agentes, en cuya presencia se zanjó el asunto.

Cuando este diario publicó la denuncia sobre este incidente, la empresa de transportes aseguró que los revisores se ajustan siempre a lo establecido en las ordenanzas y que se limitan a emitir un recargo de 20 euros por no haber abonado el billete a quien no lo valida. En caso de que el usuario no lo pague en el acto, se le dan cuatro días para que se dirija a la oficina de atención al público para hacerlo. Si el pasajero se niega a facilitar sus datos para que el revisor emita el recargo, es cuando se llama a la Policía Local.

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