Los catedráticos de Penal de la UGR lideran el manifiesto contra la prisión permanente

María Luisa Maqueda. :: r. i./
María Luisa Maqueda. :: r. i.

Un centenar de docentes de 38 universidades de todo el país firman en favor de la derogación de una ley que se debate hoy en el Congreso para endurecer las penas

JAVIER F. BARRERAGRANADA

Un centenar de catedráticos de Derecho Penal de 38 universidades españolas hizo ayer público un 'Manifiesto contra la prisión permanente revisable'. De los 108 firmantes del mencionado manifiesto, seis son catedráticos de la Universidad de Granada, que lidera esta petición con ocho firmas. La Universidad Autónoma de Madrid tiene siete firmas y la Universidad de Valencia, nueve.

En el caso de la Universidad de Granada, de los ocho firmantes, seis de ellos son catedráticos de Derecho Penal -María Luisa Maqueda, Concepción Carmona, Elena Marín de Espinosa, Lorenzo Morillas, José Miguel Zugaldía y Esteban Pérez Alonso-, el séptimo firmante es profesor titular de la asignatura -José María Suárez López-, y el octavo es el secretario del Instituto Universitario Andaluz Interuniversitario de Criminología -Jesús Barquín-.

El departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada, según la información que pública su página en Internet, se encuentra en la Facultad de Derecho de Granada. Sus 23 miembros imparten docencia en diversos grados (Derecho, Ciencias del Trabajo, Criminología), así como en diferentes estudios de posgrado (Máster).

Este departamento cuenta con dos grupos de investigación: 'Profesores de Derecho Penal de la UGR' y 'Aproximación práctica a los problemas del Derecho Penal'. Ambos participan en muchos proyectos de investigación, como, por ejemplo, en proyectos del séptimo Programa Marco de la Comisión Europea. La transferencia de conocimiento del departamento se centra en el asesoramiento legal.

De estos 23 docentes del departamento de Derecho Penal de la UGR, hay ocho catedráticos, de los que seis han firmado este manifiesto. Se da la circunstancia de que son firmantes un exdecano, José Miguel Zugaldía; y un exrector, Lorenzo Morillas. Por otro lado, el actual decano y también catedrático de Derecho Penal, Miguel Olmedo Cardenete, no ha firmado el manifiesto.

Hoy en el Congreso

El 'Manifiesto contra la prisión permanente revisable' hecho público ayer mismo y que tuvo una gran difusión tanto en medios de comunicación como a través de las redes sociales, es una bomba de relojería que se activa hoy mismo, jornada en la que el Congreso de los Diputados debate las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos, que pretenden endurecer aún más la norma. El manifiesto, por contra, pide su derogación. El debate está servido, sobre todo después de los sucesos de este pasado fin de semana, a propósito del asesinato del niño Gabriel de Almería, que ha obtenido una enorme resonancia popular que ha encendido más el debate sobre la prisión permanente revisable.

El texto de este manifiesto está firmado por un penalista de excepción, el ex letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuráin. El manifiesto expone en cuatro puntos los motivos por los que están en contra de la normativa, aprobada en el año 2015 únicamente con los votos favorables del Partido Popular.

Uno a uno

El primer punto destaca que «la prisión permanente revisable debería ser derogada porque sin aportar eficacia a la evitación de los delitos más graves, compromete algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática». El segundo, que «no disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes (hasta treinta años de prisión por un delito; hasta cuarenta años por la comisión de varios delitos). Tampoco se ha constatado la necesidad de esta pena para evitar la reiteración delictiva del condenado. Los estudios existentes muestran que este efecto preventivo sobre el delincuente lo despliega suficientemente el tratamiento penitenciario y la posibilidad posterior de adopción de medidas de libertad vigilada.

El tercer punto dice que «suscita poderosos reparos desde los principios penales que expresan los valores de justicia propios de una sociedad democrática». Respecto al argumento de que se trata de una pena similar a la de otros países europeos, los catedráticos contraponen que en Suecia su cumplimiento mínimo es de 10 años, en Gran Bretaña, 12, en Alemania, 15, y en Francia, 18, mientras que en España se eleva a los 25 años. Este número de años de cumplimiento mínimo tan elevado es lo que hace que consideren que podría ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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