Los ayuntamientos de la provincia deben 126 millones a empresas en facturas pendientes

Las cifras de Hacienda y Función Pública no trazan un dibujo uniforme por comarcas o tamaño del municipio y el que un ayuntamiento tarde más o menos que otro en pagar sus facturas depende exclusivamente de la gestión que el propio consistorio hace sus fondos públicos. Por ejemplo, el pueblo que 'satisface' a sus proveedores con un mayor retraso es Cogollos Vega, que adeudaba a final del pasado año más de un millón de euros y situó su periodo medio de pago en los 560 días mientras que a su lado Nívar tardó de media sólo diez días en pagar sus facturas y cerró el año al día con sus proveedores.

Al final de 2017 en la provincia de Granada hubo 85 ayuntamientos que excedieron el límite legal permitido para abonar sus recibos, mientras que 59 consistorios se pusieron al día con sus proveedores a lo largo de los primeros treinta días desde que se emite la factura y no sobrepasaron el periodo permitido. Los 28 restantes no facilitaron la información a Hacienda y Función Pública y, por ello, no se encuentran dentro de la base de datos del ministerio. Al respecto, Cuerva expresó que aunque la situación ha mejorado en los últimos años «no podemos conformarnos. Desde la CGE tenemos que seguir exigiendo a las administraciones públicas que cumplan con sus obligaciones y reduzcan unas cifras de morosidad que en la mayoría de los casos son insostenibles». El presidente de la CGE añadió que no es admisible que las administraciones públicas «sigan obligando a las empresas a financiarlas, sobre todo cuando esta práctica pone en peligro la propia supervivencia de pymes y autónomos, que no pueden soportar esa carga sin ver comprometida su propia situación financiera».

Herencia recibida

Los propios ayuntamientos con los periodos de pago a proveedores más altos de la provincia reconocieron que la situación no es la idónea, aunque en la mayoría de los casos culparon a la herencia recibida por anteriores equipos de gobierno. Manuel Lucena (PP), alcalde de Cogollos Vega, explicó que actualmente están recibiendo sentencias desfavorables de gestiones realizadas por sus antecesores y, aparte, se encuentran abonando en paralelo la deuda financiera que adquirió este consistorio a comienzos de la década cuando se acogió al plan de pago a proveedores que lanzó el Gobierno central para 'rescatar' a los ayuntamientos morosos en plena crisis. «Hemos tenido que subir el impuesto de los vehículos de tracción mecánica y ahorramos en todo lo que podemos, pero con la herencia recibida no podemos hacer más. Tenemos varios préstamos que hay que pagar, además de las nóminas y los servicios sociales», argumentó Lucena.

El Ayuntamiento de Granada (PSOE) es el que actualmente acumula una mayor deuda con proveedores (74,2 millones) y casi tres de cada cinco euros que los consistorios de la provincia deben a las empresas corresponden a la capital. También hay otras localidades con una alta deuda como Maracena (PSOE), que acabó 2017 con cerca de 11 millones de deuda con sus proveedores y es de los que tarda más de un año en pagar sus facturas. «Es cierto que tenemos un problema en cuanto a recaudación, pero la gestión de la concejalía de Economía ha puesto en marcha una serie de medidas que conforman un plan destinado a la mejora de la recaudación, que influirá de forma positiva en el pago medio a proveedores», explicó la concejala del ramo, Desireé Velázquez, que además destacó que el ayuntamiento tiene «aún una cantidad económica superior pendiente de cobro».

El tercer ayuntamiento que más dinero debe según los datos de Hacienda y Función Pública es el de Almuñécar (PP), que cerró 2017 con más de siete millones de euros pendientes. Sin embargo, el concejal de Hacienda de la localidad, Antonio Laborda, aseguró ayer que las cifras reflejadas por el ministerio de Cristóbal Montoro no se corresponden con la situación económica de la localidad, que calificó como «bastante buena». Según Laborda «algún dato tiene que estar mal» ya que Almuñécar es «bastante solvente» y cuenta «con liquidez para pagar a sus proveedores».

Cuestión de confianza

En Dúrcal la situación financiera también es crítica, con una deuda de 1,8 millones con los proveedores y un retraso de más de 450 días en pagar las facturas. Manuel Megías, concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno durqueño, explicó que el municipio tiene un «problema de endeudamiento que se ha visto agravado por la obligación de tener que pagar el préstamo del plan de pago a proveedores de 2012». Para tratar de solucionar esta situación la actual alcaldesa, la socialista Antonia Fernández, ha llevado a pleno dos planes de ajuste que han sido rechazados por los grupos municipales y que habrían permitido racionalizar la deuda. Tampoco tiene este ayuntamiento actualmente presupuesto y 'juega' con las cuentas de 2016 prorrogadas, lo que ha llevado al equipo de gobierno a plantarse la posibilidad de convocar en las próximas fechas una cuestión de confianza que dé la alcaldía a otro grupo político o, de lo contrario, permita automáticamente la aprobación del presupuesto.

Una situación parecida se da en la localidad Iznalloz. La alcaldesa, Ana Belén Garrido, detalló a IDEAL que la devolución del préstamo del pago a proveedores del año 2012 «se come todos los recursos del ayuntamiento» y esto provoca que se acumulen las facturas en los cajones. Garrido asume que la economía municipal da para «pagar las nóminas y la deuda» dado que los ingresos del municipio se encuentran «muy limitados». La localidad acatucitana debía al final de 2017 más de 1,6 millones de euros y de media tardaba más de 400 días en pagar a sus proveedores, siendo la quinta de la provincia que lo hacía con más retraso. «Hemos tenido que volver a hacer un plan de ajuste y estamos intentando revisar las ordenanzas fiscales para poder pagar e intentar reducir la morosidad», expresó la alcaldesa de Iznalloz.