El Ayuntamiento pide 2 millones de euros de indemnización por la 'disco' del Serrallo

El Ayuntamiento pide 2 millones de euros de indemnización por la 'disco' del Serrallo

El municipio formula cargos contra Torres Hurtado y la excúpula de Urbanismo, pero no acusa a los ediles del PP que votaron en una Junta de Gobierno Local

Y. HUERTAS Y Q. CHIRINOGRANADA

Ocho acusados y cuatro delitos. Esa es la relación de personas e ilícitos que recoge el escrito de acusación del Ayuntamiento de Granada en el 'caso Serrallo', por el que pide que el municipio sea indemnizado con 2.050.000 euros. De esa cantidad, 450.000 serían para soportar una eventual reclamación patrimonial de los actuales dueños del establecimiento -la empresa Sky Club y Abel Pizarro-, que tuvieron que suspender la actividad a los pocos meses de reabrir el local.

IDEAL ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales del Consistorio, en el que pide la demolición de las instalaciones y no acusa a los seis concejales del PP que votaron, en 2012, a favor de los horarios y usos complementarios de la discoteca como miembros de la Junta de Gobierno Local. Sí acusa al exalcalde José Torres Hurtado (PP); a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto; al promotor Roberto García Arrabal; al exdirector técnico de Obras, Manuel Lorente Sánchez Palencia; al exdirector general de Licencias, Emilio Martín Herrera; al excoordinador del área de Urbanismo, Agustín Belda; a la exdirectora general de Urbanismo, María Paz Spínola; y al exarquitecto jefe Gaspar Navarro, aún en activo.

Asimismo, el Ayuntamiento, actualmente gobernado por el socialista Francisco Cuenca, acusa, en calidad de responsables civiles o partícipes a título lucrativo, a las empresas Taler Real State, Multiaventuras Serrallo Plaza y 683 Upper Club.

Subraya la «perversión tan grande» que se ha permitido en el uso del sistema de espacios libres

Frente a los ocho posibles ilícitos contemplados por la jueza instructora al cerrar la instrucción, el municipio, que ejerce la acusación particular, aprecia cuatro. Exactamente, pide que se abra juicio oral por dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias.

Penas

A Torres Hurtado lo acusa de los dos últimos ilícitos y pide que sea condenado a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación para la función pública. A A Nieto le añade un delito urbanístico, por lo que eleva su petición a 5 años y medio de cárcel, 23 de inhabilitación y multa de 36.000 euros. Al promotor le pide 6 años de prisión, multa de 108.000 euros y 20 años de inhabilitación. A Herrera, Navarro, Spínola y Belda les pide año y medio de cárcel, mientras que para Lorente reclama cinco y medio.

En su relato de las presuntas irregularidades cometidas, el Consistorio subraya el hecho de que se haya permitido, a través de resoluciones y de informes técnicos y jurídicos, una «perversión tan grande» del uso del sistema general de espacios libres en esa zona de la ciudad.

De igual modo, califica de «enorme» el perjuicio causado al interés general de Granada. «Si el proceso urbanizador, conforme con la legislación urbanística, tiene por objeto garantizar la distribución de cargas y beneficios (...), su alteración por procedimientos opacos y contrarios a derecho supone la mayor perversión imaginable en esta sensible materia», advierte, tras recordar que el uso previsto del espacio libre, un parque infantil, «se ha transformado en lo sustancial en una extensión de la actividad comercial».

El Ayuntamiento considera que existió «una trama o plan determinado» y que su intención fue la que finalmente se ejecutó: «alterar el uso, incrementar el aprovechamiento lucrativo y perjudicar los intereses municipales». Además opina que la negativa «rotunda» a la presentación de la cuenta de liquidación «encubre un fraude en las cuentas».

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