El Ayuntamiento estudia denunciar a C's por las acusaciones sobre el Centro Lorca

El Ayuntamiento estudia denunciar a C's por las acusaciones sobre el Centro Lorca
A. Aguilar

El equipo de gobierno del PSOE cree las declaraciones de María del Mar Sánchez sobre usar partidas para calefacción en colegios para "enjuagar el dinero público perdido" por la Fundación Lorca podrían ser delito

R. I.

El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Granada estudiar llevar a los tribunales, por si fuera constitutivo de delito, la acusación de C's sobre el supuesto uso de partidas destinadas a la calefacción en los colegios para "enjuagar el dinero público perdido" por la Fundación García Lorca.

En concreto, la concejal del grupo municipal de C's María del Mar Sánchez denunció ayer "el método" con el que el Gobierno local ha pagado los 300.000 euros que le corresponde abonar al Ayuntamiento por el millón de euros de dinero público que quedó sin justificar tras la liquidación de la encomienda de gestión del Centro Lorca.

Según esta formación, la fórmula ha priorizado la consignación de fondos para el "enjuague de ese dinero perdido" por la Fundación Lorca en detrimento de las partidas presupuestarias no ejecutadas para biomasa, gas y calefacción de los colegios de la capital y para las escuelas de verano.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, considera "gravísimas" las acusaciones y ha asegurado que el servicio de calefacción de los colegios se ha prestado "con total normalidad a lo largo del año sin ningún tipo de problema".

Lo que se hizo en su momento, ha explicado, fue que con el ahorro generado a 31 de diciembre con estas partidas "se generó otro gasto que efectivamente cubría la llegada del legado" de Lorca a la ciudad.

Oliver ha dicho que estudiarán la posibilidad de llevar a los tribunales las acusaciones de C's por si fueran constitutivas de delito dado que ponen en duda, dice, que el Ayuntamiento haya dejado de prestar un servicio esencial en los colegios, algo "radicalmente incierto", y que atribuyen al consistorio una actuación que podría ser ilegal.

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