Las ayudas sociales para regularizar la 'luz' en Norte, en manos del Ayuntamiento

Concentración en febrero contra los cortes de luz que sufre la Zona Norte./FERMÍN RODRÍGUEZ
Concentración en febrero contra los cortes de luz que sufre la Zona Norte. / FERMÍN RODRÍGUEZ

El nuevo bono estatal no incluye subvenciones para que las familias sin recursos puedan pagar la deuda adquirida por acometer enganches ilegales

J. M.GRANADA

Hay 1.651 denuncias abiertas por los enganches ilegales a la red eléctrica en la zona Norte. Este pirateo de la luz es la causa de los continuos cortes en el suministro que han sufrido los vecinos durante los últimos años, contra los cuales se constituirá una comisión de seguimiento que analizará uno por uno los expedientes.

Uno de los objetivos es distinguir entre los usuarios que defraudaron por necesidad al no poder hacer frente a las facturas y aquellos que se sirvieron gratuitamente del tendido para actividades ilícitas como el cultivo de marihuana. Los primeros deben enfrentarse a deudas que en muchos casos rondan los 1.400 euros y no podrán afrontar. Para devolverlos a la legalidad hay varias opciones y ninguna pasa por el nuevo bono social eléctrico, que no incluye mecanismos para la vuelta a la regularidad. Endesa podría fraccionar estas cuantías y el Ayuntamiento compensarlas en casos concretos.

El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Ministerio de Energía, que entró en vigor el pasado 8 de octubre, contempla descuentos en la factura de los considerados como clientes vulnerables. En función de los niveles de renta del consumidor, entre otros requisitos, hay una clasificación que establece descuentos del 25% o el 40% en la factura.

Por ejemplo, para una persona que viva sola, el nivel de renta bajo el cual podría obtener la ayuda del 25% es de 11.000 euros anuales. En el caso de las unidades familiares con dos menores, el límite estaría en 19.000. Se consideran también como consumidores vulnerables a quienes cobren la pensión mínima o a las familias numerosas.

El segundo descuento, el del 40%, se aplicaría en los casos en los que la renta sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos.

Hay un tercera circunstancia: la del denominado como cliente vulnerable severo en riesgo de exclusión. Este perfil debe cumplir un requisito extra: ser atendido por los servicios sociales de la administración local o autonómica y que estos financien el 50% de sus facturas de la luz. En este caso, la empresa comercializadora asumiría el otro 50%.

Vuelta a la legalidad

Asimismo, el decreto amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro una vez que se ha producido un impago. Algunas de estas medidas no son nuevas en Granada. En diciembre del pasado año, Emasagra y Endesa firmaron con el Ayuntamiento un convenio cuyo cometido principal era evitar estos cortes de suministro. En ese momento fue, según fuentes municipales y de la compañía eléctrica, el acuerdo contra la pobreza energética más avanzado del país. En cualquier caso, el decreto del Gobierno añade y precisa ayudas que el Ayuntamiento revisará.

Pero no hay alusión en este texto a las deudas ya contraídas por los enganches ilegales. Las indemnizaciones suelen ser de un año de pago. En el proceso de análisis de cada uno de los casos se estudiará entre el Ayuntamiento y Endesa la opción de retirar las denuncias a quienes no puedan hacer frente al montante y están en vías de regularizar su contrato, fraccionar los pagos o que el sea el propio consistorio el que asuma parte de la cuantía adeudada y las familias queden 'al día'. Está por dilucidar en las próximas semanas cuántas son las familias que quieren poner en orden su suministro eléctrico y, de estas, cuáles no podrían devolver el déficit contraído.

Como señala la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, «puede haber casos en los que el Ayuntamiento se haga cargo de la deuda». No obstante, la revisión de los expedientes será minuciosa: al fin y al cabo, la deuda es fruto de una acción ilegal.

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