Absuelven a una mujer en cuya casa había 218 plantas de 'maría' porque el registro fue ilegal

Una plantación 'doméstica' de marihuana. / ALFREDO AGUILAR

El Tribunal Supremo anula la condena de dos años de cárcel y multa de más de 40.000 euros que había impuesto a la acusada la Audiencia de Granada

Carlos Morán
CARLOS MORÁN

La madrugada del 4 de abril de 2014 hubo un tiroteo en un barrio de la zona Norte de la capital granadina. Un grupo de ladrones de droga echó abajo las paredes de una especie de almacén adosado a una casa para apropiarse de las 218 plantas de marihuana que crecían en el interior del inmueble. La refriega fue muy ruidosa y pronto llegaron al lugar de los hechos varios coches patrulla de la Policía. Los agentes detuvieron a varias personas, entre ellas, la propietaria de la vivienda.

Además, localizaron en las inmediaciones del edificio derribado cinco casquillos de bala de nueve milímetros. Todos habían salido de la misma pistola -que no fue hallada-, pero no quedó claro si los que dispararon fueron los atacantes o los defensores de la plantación.

Poco después, los investigadores inspeccionaron la nave en la que estaba el invernadero de 'maría' y la casa aledaña. En este sentido, y además de los arbustos de cannabis, los policías hallaron casi 200 gramos de cocaína.

Sin embargo, los agentes cometieron un error que, a la postre, ha supuesto la absolución de la dueña de la vivienda en cuestión: la sospechosa no estuvo presente durante el registro del inmueble, es decir, que fue ilegal.

Se da la circunstancia de que la defensa de la procesada ya alertó del fallo antes de que empezase la vista oral del juicio, pero el tribunal de la Audiencia de Granada encargado del caso rechazó la alegación y argumentó que era suficiente con que compareciesen los agentes que participaron en el registro, como así fue.

Recurso

En consecuencia, la detenida fue condenada a dos años de cárcel como autora de un delito contra la salud pública «sobre sustancias que no causan grave daño a la salud» y al pago de una multa de más de 40.000 euros.

Disconforme con aquella primera resolución, la procesada acudió al Tribunal Supremo, que ahora le ha dado la razón y, por ende, ha anulado la resolución que dictó la Audiencia. Conclusión: la encausada ha sido absuelta de todos los cargos y ni tendrá que cumplir los dos años de cárcel ni deberá abonar los 40.000 euros de sanción.

El argumento que sostiene la sentencia exculpatoria es el que desestimó la Audiencia de Granada: la inspección de la casa de la procesada fue ilegal porque ella no estuvo presente cuando se llevó a cabo, lo que es contrario a los derechos fundamentales. El Supremo es claro al respecto. «La presencia del interesado en el registro es una exigencia del principio de contradicción, que sólo puede excluirse cuando no resulte posible efectiva su asistencia. Dado que estando el interesado detenido, y por tanto, a disposición policial, no concurre razón alguna que, en principio, imposibilite su asistencia, esta Sala considera que, en estos casos, la diligencia es nula por no haberse garantizado en su práctica la efectiva contradicción, por lo que se ha vulnerado su derecho a la defensa», especifica el Supremo.

El resultado de ese error es la absolución de la mujer, «en tanto que la prueba incriminatoria consistía en el hallazgo de las plantas de marihuana que cultivaba ilícitamente en su dependencia aneja a su vivienda».

Dicho de otra forma, si la evidencia sobre la que se apoya la condena queda invalidada porque se obtuvo vulnerando la Constitución, no es posible condenar a la persona investigada.

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