5.800 familias granadinas sin ingresos tendrán una renta de hasta 780 euros al mes

Samara, que no percibe ningún tipo de prestación, forma una de las 5.830 familias de Granada que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, se puede beneficiar de la Renta Mínima de Inserción Social que aprobó este miércoles el Parlamento de Andalucía y que se puede solicitar desde el pasado 2 de enero. Es más. La petición de Samara, en cuanto la curse, debería ser una prioridad para la Junta ya que, según comentó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el nuevo modelo, que sustituye al antiguo salario social -que lo demandaba poquísima gente porque era incompatible con casi todo-, da prioridad, entre otros colectivos, a las familias con menores de edad a su cargo.

Un asidero para Samara, con experiencia en supermercados, hoteles y cocinas, y para buena parte de esos más de 42.200 hogares granadinos que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), están pasando las de Caín porque tienen a todos sus miembros en el desempleo. «Este tipo de ayudas -asegura Samara- están bien porque sirven para cubrir nuestras necesidades mientras encontramos un sitio donde ocuparnos, ganar un salario, estabilizarnos e independizarnos». Y es que el planteamiento de esta Renta Mínima se aleja bastante del recibir a cambio de nada. Consiste en una aportación que oscila entre los 419,52 y los 779,87 euros mensuales durante doce meses prorrogables por periodos de seis si las circunstancias persisten. Eso sí, a cambio de ello, Samara y todos los beneficiarios deberán participar en un plan personalizado de formación e inserción laboral que llevarán a cabo los servicios de empleo.

La consejera María José Sánchez Rubio mantuvo este lunes un encuentro con representantes de entidades locales de Almería, Granada, Jaén y Málaga para informarles sobre la puesta en marcha del decreto ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social. Sánchez Rubio hizo hincapié en que «de acuerdo con el decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, tendrá que incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres».

En este sentido, el decreto ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.

La Renta Mínima de Inserción Social es un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente en Andalucía que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. De acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas) en el conjunto de la comunidad autónoma, de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).

La estimación para las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga sería de más de 21.100 familias y cobertura a más de 56.500 personas. Por provincias Almería con 3.141 unidades familiares y 8.739 personas beneficiadas; Granada con 5.830 unidades familiares y unas 15.500 personas beneficiadas; Jaén 4.450 unidades familiares y 12.036 personas beneficiadas; y Málaga 7.718 unidades familiares y 20.274 personas beneficiadas, según las previsiones. En total en Andalucía serán más de 120.000 personas. Esta prestación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para el periodo 2018-2021.

Sánchez Rubio insistió en la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo. Y agregó asimismo que la nueva prestación surge ante el «deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central».

La titular de Igualdad y Políticas Sociales explicó que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. «Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales», detalló.