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Juanjo Cerero
Sábado, 10 de junio 2017, 01:36
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La medida estrella de política social anunciada por Susana Díaz durante el debate general celebrado el miércoles en el Parlamento andaluz va a enfrentarse con el mismo problema que la mayor parte de propuestas cercanas en la teoría a la renta básica: cuánto vale y cómo se paga. A falta de que la Junta proporcione datos concretos, según una estimación realizada por IDEAL basada en información de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, el coste inicial de implantar esta medida superaría los 500 millones de euros sólo en la provincia granadina. 58 millones menos que el Metro de Granada.
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Requisitos
. Las personas que tengan una renta inferior a los 4.984,20 euros al año, o las familias en las que se cumpla el mismo requisito para cada integrante.
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Cuantía
. La ayuda base será del 78% del IPREM, o lo que es lo mismo, 5.034,12 euros al año para una persona. Si son más, se aumenta en un 10% el porcentaje del IPREM hasta un máximo del 125%, o sea, 8.067,50 euros al año.
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Duración
. Según el anuncio que hizo la presidenta de la Junta, las familias que reciban esta ayuda lo harán durante «un máximo de doce meses».
Hay que tener en cuenta que no todo este dinero tendrá que empezar a buscarse ahora. Existe desde hace años una medida similar, el Ingreso mínimo de solidaridad. Lo que hace esta nueva renta de inserción es ampliar y complementar la oferta ya existente, prestando además atención preferente a colectivos vulnerables, como los menores o las víctimas de violencia de género.
El requisito indispensable para poder recibir esta renta mínima de inserción es tener ingresos inferiores a los 415,35 euros al mes si se trata de una sola persona, o el equivalente para cada una de los miembros activos de una familia. Esta cantidad es prácticamente igual a la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en 2017, situado en 9.906,40 euros al año. Según la última estadística 'Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias', elaborada por el Ministerio de Hacienda, en la provincia hay 112.127 personas que ingresaron menos de la mitad de un salario mínimo interprofesional en un año. Además, según la última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de 2017, en Granada hay 113.700 parados. Estos dos colectivos, que suman 225.827 personas en la provincia, casi un cuarto del total, son el objetivo primario de la medida anunciada por el Gobierno andaluz. El número puede variar, porque los buenos datos de empleo del último año pueden haber hecho descender el dato de personas que cobran la mitad del SMI o menos.
Una ayuda por familia
Es importante tener en cuenta que la renta mínima de inserción se aplicará sólo una vez por núcleo familiar, por lo que dos miembros que convivan en el mismo hogar no podrán recibirla por separado -aunque faltan detalles por aclarar en este sentido-. De acuerdo con la Encuesta Contigua de Hogares, elaborada por el INE, en Granada hay un total de 364.300 hogares en los que viven de media 2,51 personas, en línea con la media española. Por lo tanto, estas 225.827 personas podrían agruparse en 89.970 'familias estadísticas'.
La pieza final para poder armar el puzzle del coste de esta nueva política social es cuánto recibiría cada una de estas familias. Durante el anuncio, la presidenta aseguró que la base sería del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que equivale a 5.034,12 euros anuales, para una persona sola. En el caso de los núcleos familiares, este porcentaje se incrementaría en diez puntos, hasta alcanzar el tope en el 125% del Iprem, 8.067,50 euros al año.
Tomando de nuevo como indicador el tamaño medio del hogar en la provincia durante 2016, se estima que de media cada hogar cobraría la base del 78% del Iprem más un 15% extra al tratarse de familias de 2,51 miembros. Por lo tanto, la cuantía promedio de la renta mínima de inserción para esta improbable familia estadística sería del 93% del Iprem, es decir, 6.002,22 euros a lo largo de doce meses. Multiplicada esta cifra por 89.970 familias que podrían acogerse a ella se llega al resultado de la estimación realizada por este periódico: su implantación el primer año sería de 540,02 millones de euros. El coste final será con toda probabilidad menor porque ya hay en marcha medidas similares y muchas de estas personas ya reciben algún subsidio.
«Erradicar la pobreza» un año
Fue la expresión que usó durante su discurso la presidenta de la Junta de Andalucía mientras desgranaba esta nueva medida, que ya fue propuesta en forma de iniciativa legislativa popular durante la legislatura pasada y cuyo avance detuvo entonces el Gobierno regional. Falta hace: la tasa de paro en Andalucía es la más alta de España, del 34,7%.
El anuncio de Susana Díaz tiene un matiz importante. Según precisó durante su discurso, quienes reciban este nuevo subsidio podrán hacerlo sólo «por un máximo de doce meses», de lo que se desprende que el receptor no tendrá derecho a volver a solicitarla pasado el primer año. La inversión que tenga que realizar la Junta de Andalucía, por lo tanto, será fuerte al principio; la cuantía necesaria para mantenerla debería reducirse a partir del segundo año; al menos, en teoría.
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