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Y. HUERTAS
Martes, 30 de mayo 2017, 01:22
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Es el Consejo General del Poder Judicial el que tiene que decidir, yo no opino. Que decida el Consejo si me tengo que quedar un mes y medio más o no. Ésta fue la respuesta que el juez Eloy Velasco ofreció a ayer a IDEAL tras ser preguntado sobre la propuesta de la Audiencia Nacional de que se sustituya a sí mismo temporalmente mientras se resuelve el concurso para los magistrados que optan a la plaza que deja vacante en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.
El magistrado, que hasta ahora había llevado las riendas de las operaciones Púnica y Lezo y que ha conseguido nuevo destino en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, estuvo ayer en Granada para participar en un curso sobre compliance organizado por la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) con la colaboración de los despachos Mendoza Abogados y Bonatti Penal & Compliance.
Durante su conferencia, centrada en la responsabilidad penal de la empresa y los modelos de prevención de delitos, el magistrado, que llegó media hora tarde por culpa del retraso de su vuelo, recordó que desde el 25 de diciembre de 2010 las empresas pueden delinquir y cometer 26 categorías delictivas del Código Penal, aparte del delito de contrabando.
En un ameno discurso pese a lo técnico de la materia, al enumerar esos delitos posibles mencionó los casos de corrupción entre individuales, que tienen una especial fotogenia mediática en el ámbito deportivo; la financiación irregular de los partidos, al cohecho o mordida; e a incluso a los delitos de odio.
Así, tras precisar los tipos penales que se pueden cometer por imprudencia (cinco en total) evocó algún caso llamativo local, como la condena de un vecino de Armilla que dirigía una red de prostitución brutal y fue castigado por blanqueo de capitales y trata de blancas por usar fórmulas empresariales para dar formato a su actividad.
El magistrado explicó que la sanción que todos esos delitos acarrean para una empresa es de multa, si bien existen otras penas como pueden ser la clausura de locales o la disolución de la empresa. Esta última es la más brutal y, por ejemplo, se acordó de una empresa de carreteras que se dedicaba a traer excavadoras llenas de cocaína. Estas condenas a las empresas, a veces, según dijo, es una condena para el juez, pues se llega a convertir en auténtico administrador provisional de las entidades intervenidas.
El derecho penal no creo que dé miedo por las ridículas multas penales que se ponen a las empresas, consideró, a la vez que citó una pena muchas veces peor el mal reputacional horroroso en la prensa mientras una entidad está siendo investigada, que muchas veces puede influir en su facturación.
Lo bueno está en no acercarse nunca al Código Penal, recomendó, a la vez que advirtió de que las empresas no tienen ni pies ni patas y los delitos los cometen los seres humanos, y, en la mayoría de los casos, los directivos, no los asalariados. Advirtió de que por el desbarajuste de pequeñas personas en el organigrama, toda una gran estructura puede venirse abajo, y ante esos casos la de juez de la Audiencia Nacional es la profesión de mayor riesgo que hay en España. En este punto detalló que de 84 empresas investigadas en once causas en su juzgado, sólo en dos casos la acción la cometieron asalariados, por lo que abogó por que las empresas enfoquen el compliance en un principio al directivo. Hay más riesgo en un directivo que en un asalariado, consideró, para desvelar que el legislador no obliga a hacer planes de cumplimiento normativo, pero el que tiene los planes opta a la eximente, es decir, a ser exonerado de culpa. Eso sí, es necesario que el plan esté previamente hecho e implementado con eficacia.
En el acto también intervino Francisco Bonatti, que explicó que el sistema de compliance es una herramienta de gestión que permite a las empresas operar con cierta dosis de tranquilidad y generar un perímetro de seguridad ante su responsabilidad penal como personas jurídicas. Se cerró con una pregunta de los asistentes y un mensaje lanzado a modo de colofón por Mar Mendoza, del despacho Mendoza Abogados: Que la cultura del cumplimiento se vaya instaurando poco a poco.
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