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La exdirectora de la Alhambra cree que el informe de la Intervención de la Junta está "desacreditado"

  • Mar Villafranca afirma que "todo se hizo con soporte legal" en la contratación del servicio de audioguías

Durante unas dos horas y media estuvo declarando este miércoles, en calidad de investigada, ante el juez José Luis Ruiz Martínez, la que fuera directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, quien recordó a su llegada que llevaba dos años esperando ese momento. A su salida, en declaraciones a los medios, se refirió a un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que detectó “graves irregularidades” durante su gestión y consideró que está “desacreditado”, al ser un informe “parcial”.

“Lo que opino de ese informe, con todo el respeto al trabajo realizado, es que es un informe político, que fue pedido por el PP en sede parlamentaria, y que la consejera de Cultura además, sin ni siquiera comentarlo con el pleno ni reunir al pleno para decirle cuál era su intención, lo encarga”, recalcó Villafranca, al tiempo que recordó que el propio juez instructor, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4, Antonio Moreno (actualmente de baja), ya alertó en su momento en un auto “del riesgo de parcialidad en cualquier informe que provenga de la Junta de Andalucía”.

La exdirectora, que está siendo defendida en este proceso por el letrado Enrique Ceres, sostuvo, con respecto al contrato del servicio de las audioguías, que actuó siempre conforme a los informes técnicos. “Todo lo que se hizo, se hizo con soporte legal”, garantizó, para desvelar que durante su interrogatorio, donde más se había extendido, había sido “en los acuerdos del pleno” del Patronato de la Alhambra, cuyo director actual es Reynaldo Fernández Manzano.

“El pleno del Patronato estuvo informado con total transparencia de la deuda que tenía esta empresa con la Alhambra”, aseveró, lo cual quedaría probado con las propias actas de aquel pleno, a las que se refirió “literalmente” ante el juez. Éstas demuestran, a su juicio, que la empresa adjudicataria “pagó la deuda no ya al 50%, que era lo que se había dicho, sino al 100%, con lo cual creo lo que los intereses públicos del patronato estaban salvaguardados”.