La Policía Autonómica denuncia a 15 talleres ilegales en un año

Los investigadores del Área de Medio Ambiente de este cuerpo policial localizaron y denunciaron en 2016 un total de 15 talleres ilegales, de los cuales algunos «vertían los aceites al alcantarillado». Si se compara esta cifra con la registrada el año anterior, se observa un claro descenso, pues en 2015 fueron 24 los locales, bajos o domicilios donde se descubrieron arreglos clandestinos de vehículos.

La quincena de actuaciones efectuadas por la Policía Autonómica entre enero y diciembre dio como resultado otras tantas actas de infracción que podrían salir bien caras a estos mecánicos sin licencia, ya que la suma de las sanciones, en caso de no poder ser regularizada la actividad, pueden alcanzar los 11.000 euros. Nada más que no poseer la correspondiente licencia de Industria puede acarrear una multa de unos 5.000 euros. La imposición del resto de las sanciones dependerá de que el local reúna los requisitos que exige la normativa, según aclara el subinspector Antonio Hidalgo Villena, tras facilitar los importes aproximados de las sanciones.

Por pueblos

«Por la mejoría de la crisis, efectivamente ahora la gente está montando menos talleres ilegales», confirma el subinspector, que precisa que los establecimientos sin licencia detectados el año pasado estaban ubicados en Jun, Maracena, Huétor Vega, Albolote, Vélez de Benaudalla, Güevéjar, Motril, Loja, Granada, Almuñécar, Alomartes, Cúllar Vega y Moreda.

La Policía Autonómica llega hasta estos negocios por distintos cauces. Uno de ellos es la Asociación Provincial de Talleres de Automóviles, que cuando tiene constancia de la presencia de algún nuevo local no autorizado se lo comunica. Suelen ser, como admite Villena, otros talleres que sí tienen todos los papeles en regla, y que por ende pagan sus impuestos y sus alquileres, los que los denuncian ante el colectivo «por razones de competencia». Otras veces, los agentes descubren estos puntos clandestinos de motu proprio, mientras patrullan y realizan labores de control en las distintas localidades.

La secretaria general de la Asociación Provincial de Talleres de Automóviles es María José Medialdea Hernández. A su juicio, el descenso que arrojan esas cifras es en realidad relativo y tendría que ver con más con «la posibilidad de actividades que se han podido detectar» que con su existencia. En este sentido, recalcó que los talleres ilegales son «una lacra que históricamente viene sufriendo el sector» y que, ciertamente, se ha agudizado en los años de crisis. En este punto, aseguró que hay aún demasiadas cocheras en las que se trabaja «a puerta cerrada».

En la provincia los talleres que sí son legales rondan el millar. De los ilegales es difícil dar una cifra, como reconoce la representante de la asociación, que elogia en cualquier caso la importante labor que realiza tanto la Policía Autonómica como el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Con ambos, el colectivo colabora «estrechamente» para perseguir este tipo de negocios, facilitándoles información sobre los casos de los que tiene conocimiento «a través de la red de empresarios». Para que no exista sensación de impunidad, Medialdea quiso hacer un llamamiento a las instituciones encargadas del control de esta materia en la Administración, a fin de que «sean rigurosas» y los expedientes «no se duerman en los cajones».

Lo primero que hacen los policías cuando observan un taller sospechoso es realizar una inspección y comprobar que no está dado de alta como tal en el Registro Industrial de Andalucía. «Si no está dado de alta en Industria es un taller ilegal. Lo demás son infracciones como las que puede cometer cualquier otro establecimiento», aclara el investigador policial. También se considera taller ilegal a aquel que realiza actividades no acordes a las recogidas en la licencia, pues un local que está dado de alta exclusivamente como lavadero no está autorizado reparar vehículos.

De entrada, si no se está dado de alta no se tiene licencia de apertura, por lo que la Policía tramita una denuncia y se lo comunica al Ayuntamiento del municipio donde esté el taller en cuestión. Luego dará cuenta a la Delegación de Innovación e Industria de que carece de la correspondiente inscripción, que debe estar colocada y visible en la puerta. Las otras infracciones son las propias de la actividad de un taller, que tiene que estar dado de alta como pequeño productor y debe contar con un gestor autorizado para los residuos. «Luego, tiene que tener las etiquetas, que no haya derrames, que no vayan los vertidos al alcantarillado... Pero esas son ya infracciones que puede cometer también cualquier taller autorizado», agrega Villena.

Las sanciones que se imponen a un infractor no son definitivas, ya que el mecánico puede legalizar su situación, y de los 11.000 euros iniciales tener que pagar al final solamente unos 3.000. El problema surge cuando el taller ilegal se ha instalado en mitad de la Vega, por ejemplo, en una parcela que no reúne las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad. Ahí, regularizar el negocio será complicado.

El efecto más pernicioso del taller ilegal es el vertido de sustancias tóxicas, sobre todo si está en el campo y las emisiones de aceites y demás sustancias van a parar a un arroyo que esté cerca o una acequia de riego. No ha llegado, no obstante, la Policía Autonómica a denunciar en la vía penal vertidos contaminantes de este tipo, pues lo que normalmente aprecian son vertidos de lavaderos al alcantarillado.

Para la Policía existen dos perfiles principales de infractores en esta materia: aquellos que se buscan la vida como pueden al margen de la legalidad y quienes ya trabajan contratados en un taller pero luego, en su tiempo libre, se montan el suyo propio. En cualquier caso, las labores de control no se ciñen a los infractores. Periódicamente, Villena y los otros diez integrantes de su equipo realizan inspecciones a talleres que están dados de alta, para velar siempre por el cumplimiento de la normativa.