Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Carlos Morán
Jueves, 27 de abril 2017, 02:54
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Que un fiscal de base cuestione una orden de un superior y finalmente consiga que se anule es un hecho «totalmente excepcional». Lo admiten varios representantes del ministerio público y juristas consultados por ideal.es que prefieren preservar su identidad.
No, no es nada habitual que los representantes del ministerio público, que es una institución jerárquica, se 'rebelen' contra sus jefes. Pero a veces sucede. El pasado martes 18 de abril, sin ir más lejos, se dio uno de esos contados 'levantamientos'. Veinticuatro horas antes de que estallara la ya célebre 'Operación Lezo', diseñada para atacar la presunta corrupción del PP de Madrid, los fiscales Anticorrupción se opusieron, por una aplastante mayoría de 21 a dos, a la decisión del máximo responsable de esa sección, Manuel Moix, de limitar algunos registros que iban a tener lugar poco después. Finalmente, y aunque la votación no era vinculante, Moix tiró la toalla y rectificó. Y eso que contaba con el respaldo de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado.
Los causantes de ese terremoto -que ha hecho temblar al Gobierno de Mariano Rajoy y a la cúpula del ministerio público español- fueron los fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, nacido este último en Granada en 1970 y miembro de la 'plantilla' de la fiscalía de esta provincia, aunque está en comisión de servicios en Anticorrupción, una materia que domina desde sus tiempos en la localidad malagueña de Marbella.
De hecho, Yáñez, al que los que lo han tratado definen como una persona amable pero con «carácter», participó hace apenas un par de semanas en la pugna para convertirse en el nuevo fiscal-jefe de Granada, después de que Ana Tárrago, que era la persona que ocupaba ese cargo, fuese nombrada Fiscal Superior de Andalucía. Yáñez no logró el puesto y prosiguió con su trabajo en Madrid, que, consistía, nada más y nada menos, que en seguir los pasos de Ignacio González, otrora presidente de aquella comunidad autónoma y hoy ídolo caído.
Es verdad que la 'rebelión' no le ha salido gratis. Su jefe, Manuel Moix, le ha pedido que renuncie al 'caso Lezo', pero él se ha negado. Y cuentan los que le conocen que no se ha arrepentido de cuestionar la orden del fiscal Anticorrupción.
El artículo 27
El fiscal granadino y su compañera García Cerdá -que tuvo un papel principal en la 'Operación Púnica', la otra gran 'redada' contra la corrupción en el PP madrileño- fueron los que invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el que permite 'rebelarse' contra los jefes cuando no se comparte una orden. Y Moix había reclamado a sus subordinados que no apoyaran determinados registros domiciliarios previstos en la 'Operación Lezo', algo con lo que no estaban de acuerdo ni García Cerdá ni Yáñez. Ese precepto establece que el fiscal «que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe. De proceder la orden o instrucción de este, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola». Ocurrió lo primero: tras escuchar a la junta de fiscales, Moix reconsideró su postura, pero la polémica ya estaba servida. Cuando trascendió lo sucedido, la oposición se apresuró a pedir la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción y cargó contra el Gobierno.
En el supuesto de que Moix no hubiese rectificado, algo a lo que no estaba obligado, debería haber relevado a García Cerdá y Yáñez «de las responsabilidades que pudieran derivarse» del cumplimiento de las órdenes cuestionadas, «o bien», haber encomendado «a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera». No se llegó a ese punto porque Moix dio marcha atrás.
Curtido en la lucha contra la corrupción en Marbella -fue el primer fiscal especializado en esta materia que tuvo la ciudad malagueña y el acusador público en el juicio contra el exalcalde Julián Muñoz y el expresidente del Sevilla José María del Nido -, Yáñez y su compañera han ganado el pulso a su jefe y, de paso, lo han colocado en el centro de la diana de la batalla política, que siempre es cruenta.
Mafia rusa
El fiscal granadino también ha perseguido a las mafias que se refugian en la Costa del Sol. En este sentido, participó en el juicio del 'caso Majestic' contra el crimen organizado ruso. Antes de eso, combatió durante varios años la violencia de género.
El pasado mes de marzo, estaba previsto que Yáñez sostuviera la acusación en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2008 en el marco de la trama Gürtel, pero enfermó y la vista oral quedó suspendida.
Carlos Yáñez no pertenece a ninguna asociación y está en comisión de servicio en Madrid, en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Es fiscal anticorrupción desde 2010 e ingresó en la carrera en 2002.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
¿Cómo llegó una valla de obra a lo alto del Acueducto?
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El mapa de los restaurantes con estrella Michelin por provincias
Sara I. Belled y Álex Sánchez
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.