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Miércoles, 26 de abril 2017, 13:38
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El PP ha exigido responsabilidades políticas a la Junta por la "nefasta y opaca" gestión de la Alhambra después de que la auditoría realizada por la Intervención General haya estimado en siete millones el posible perjuicio económico en el monumento nazarí por "graves irregularidades" en contrataciones.
En un comunicado, la parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo ha valorado el informe realizado por la Intervención General de la Junta, una auditoría que impulsó la Junta en 2015 después de que se iniciara la causa judicial para investigar las audioguías del monumento que provocó la dimisión de la anterior directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca.
El PP ha interpretado los datos que la Intervención General ha remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que inició ayer una nueva ronda de declaraciones de los investigados en esta causa, y ha recalcado que "la gestión del monumento no sólo ha sido opaca, sino también irregular y nefasta".
Carazo ha incidido en que el "perjuicio económico causado ronda los siete millones de euros" y ha exigido a la Junta responsabilidades políticas al considerar que los responsables de estas posibles irregularidades siguen en sus puestos.
La parlamentaria del PP ha pedido al PSOE de Granada que reivindique una dirección eficaz y transparente de la Alhambra y le ha reprochado que no se preocupen por lograr una "gestión granadina del monumento que beneficie los intereses de la ciudad".
"Siguen en sus cargos sin que nadie les pida responsabilidades", ha lamentado Carazo, que ha dicho que la auditoría no analiza solo la causa de las audioguías sino que pone en entredicho el procedimiento por el que se han adjudicado "alrededor de unos 200 contratos".
Ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de utilizar la Alhambra como su cortijo particular" y que de manera urgente cambie el modelo de gestión del monumento por uno "transparente, impecable y granadino" que revierta en el patrimonial barrio del Albaicín, y no en "los bolsillos de unos pocos".
"La intervención de la Junta nos confirma en su informe que nuestras sospechas estaban más que fundamentadas, puesto que advierte de las irregularidades existentes en diferentes contrataciones", ha recalcado Carazo, que ha dicho que las "debilidades" en la gestión que reconoce la auditoría han permitido la existencia de irregularidades y el perjuicio económico.
La Junta solicitó en agosto de 2015 la auditoría a los técnicos de Hacienda de la Junta para clarificar la gestión económica del monumento durante al menos los cuatro años anteriores a la petición y después de la detención y dimisión de Villafranca.
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