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Martes, 25 de abril 2017, 02:00
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Ramón Arenas formalizó ayer lo que ya había anunciado al conocerse la sentencia de un juzgado contencioso-administrativo sobre la ocupación irregular en una parcela de su propiedad durante las obras del pabellón Mulhacén, ejecutada por el constructor Roberto García Arrabal. La sentencia condenaba al Ayuntamiento a indemnizar con 1,4 millones de euros a Arenas por los perjuicios que había sufrido. Ayer, el empresario perjudicado entregó al alcalde y a los grupos municipales un escrito en el que solicitaba que se reclame a los políticos y altos cargos que participaron en el expediente que paguen la indemnización que establece la sentencia con su patrimonio. Arenas señala en su escrito a nueve personas, entre políticos y funcionarios, que tendrían que pagar 155.000 euros cada uno para satisfacer la cantidad que establece el juez.
Pero esta petición daría lugar a un proceso que no es rápido. En el escrito, el empresario solicita al alcalde, o a su concejal delegado, que se notifique a los interesados esta reclamación patrimonial, siguiendo los trámites oportunos. Así, se les debería otorgarun plazo de quince días para alegaciones, otros quince días para practicas las pruebas oportunas, audiencia a los interesados, formulación de las propuesta de resolución de un plazo de cinco días más y la resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. En total, cincuenta días para investigar y cerrar la lista de nombres implicados en este expediente.
En su escrito, el empresario apunta nueve nombres, entre los que se encuentran José Torres Hurtado, Isabel Nieto, la secretaria general y el Interventor, así como cuatro exaltos cargos de Urbanismo y un cargo actual. En total, nueve nombres, aunque ya apunta que «este listado es meramente enunciativo y no exhaustivo», por lo que es «meramente orientativo», a expensas de lo que resulte en la instrucción municipal. Será la instrucción del expediente la que determine quiénes son los responsables y en qué grado. En cualquier caso, el Ayuntamiento debe decidir si activa este expediente de reclamación patrimonial, como pide el empresario.
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