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Obligaciones del órgano de administración ante situaciones de insolvencia y/o desequilibrio patrimonial grave

Obligaciones del órgano de administración ante situaciones de insolvencia y/o desequilibrio patrimonial grave
  • Escoem aclara que medidas debe adoptar el órgano de gobierno de aquellas sociedades que entran en números rojos.

Desde que empezara la crisis, allá por el año 2007, muchas empresas han presentado o presentan situaciones de insolvencia y/o desequilibrio patrimonial, como consecuencia de las pérdidas acumuladas o por el hecho de no poder hacer frente a sus obligaciones de manera regular y constante. Ante cualquiera de las citadas circunstancias el órgano de administración de la Sociedad tiene la obligación de llevar a cabo una serie de actuaciones.

En el caso de patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social: convocar junta general en el plazo máximo de dos meses a contar desde el momento en el que se conozca esta situación, teniendo éste que:

-Instar la liquidación o disolución de la sociedad.

-Restituir el equilibrio patrimonial mediante ampliación o reducción de capital, o mediante la conversión de deudas en capital

En el caso de situación de insolvencia: La Ley 22/2003, de 9 de julio, en su artículo 2, define una serie de situaciones por las que la empresa se considera en situación de insolvencia.

Por tanto, en el caso de producirse alguna de las situaciones establecidas en dicha norma, el órgano de administración debe solicitar concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses desde que se tenga conocimiento de la misma.

No obstante, si los acuerdos fueran contrarios a la liquidación disolución de la sociedad o restitución del equilibrio patrimonial, es obligación del órgano de administración la solicitud de disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad, siendo el plazo de dos meses a partir de la celebración de la junta general.

El incumplimiento de sus obligaciones por parte del órgano de administración puede suponer la derivación de responsabilidad para sus miembros. Por ejemplo, en el caso del incumplimiento del deber de convocar la junta general para resolver el desequilibrio patrimonial, liquidar o disolver la sociedad, o en su caso, solicitar la disolución judicial, puede ser motivo de derivación de responsabilidad a los miembros del órgano de administración, de aquellas deudas que hayan sido contraídas por la sociedad con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución. (Art.367 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

Por su parte, el incumplimiento del deber de solicitar el concurso de acreedores en el plazo establecido por la ley, puede suponer que los miembros del órgano de administración sean condenados en la pieza de calificación del concurso, entre otras cosas, a pagar las cantidades insatisfechas tras la realización del activo de la sociedad en concurso.

Una sociedad puede estar en causa de disolución por tener un desequilibrio patrimonial grave y no estar, sin embargo, en situación de insolvencia al estar cumpliendo regularmente con sus obligaciones. Lo mismo ocurre en el caso contrario, ya que una sociedad puede estar en situación de insolvencia pero tener un Patrimonio Neto equilibrado.

Ahora bien, las principales dudas surgen cuando ambas situaciones se producen a la vez. En este supuesto, el órgano de administración debe ser consciente de que el hecho de haber convocado la junta general en el plazo legal de dos meses para reestructurar el equilibrio patrimonial o acordar la disolución no le exonera de la obligación de solicitar el concurso en el plazo establecido.

Por el contrario, si el orden de los acontecimientos es el inverso, el órgano de administración queda exonerado de su deber de convocar la junta general para disolver la sociedad, siempre y cuando previamente haya solicitado el concurso de acreedores. Esta diferencia de criterio se fundamenta porque, cuando una sociedad es insolvente y no alcanza un convenio con sus acreedores, la norma reguladora para su liquidación será la prevista en la Ley Concursal, y no la regulada en la Ley de Sociedades de Capital, que implica, a priori, que la sociedad se encuentre en disposición de cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cuando se viven momentos de incertidumbre en el entorno empresarial, la situación requiere del apoyo de asesores especializados, que aporten soluciones o alternativas a cada uno de los casos. Todas las empresas pasan por diferentes fases o etapas siendo clave la identificación de los síntomas de alerta y el desarrollo de aquellas medidas que permitan mitigar las situaciones de insolvencia o desequilibrio patrimonial. Nuestra oferta de servicios abarca soluciones adaptadas a las necesidades de las compañías y sus acreedores. Por tanto, “es recomendable estudiar y analizar todas las opciones, considerando los riesgos inherentes a cada proceso”, señala José García Tejada, asesor de empresas senior de Escoem.