Guerra contra la 'maría' en Granada: 800 plantas cada 24 horas

Los cultivadores de marihuana en Granada, un negocio ilícito que reporta pingües beneficios y acarrea penas de prisión inferiores al tráfico de otras sustancias estupefacientes, están sintiendo en la nuca el aliento de la Policía Nacional y la Guardia Civil más cerca que nunca. Entre el 1 y el 15 de febrero, ambos cuerpos han intervenido ni más ni menos que 12.000 plantas que crecían en cultivos clandestinos ya desmantelados, así como 10.500 gramos de cogollos, que hubieran alcanzado un valor en el mercado de 48.300 euros, según calcularon las fuentes consultadas, que precisaron que el gramo se está pagando ahora aproximadamente a 4,60 euros.

De esas 12.000 plantas, que serán destruidas una vez pesadas y analizadas, 10.300 han sido localizadas por la Guardia Civil, mientras que las 1.700 restantes fueron intervenidas en las operaciones llevadas cabo por la Policía Nacional en la Zona Norte de la capital. Aparte, en esas actuaciones policiales, se han intervenido 27 gramos de cocaína.

Según los datos a los que ha tenido acceso IDEAL, sólo en la Zona Norte de la ciudad, que viene sufriendo con demasiada frecuencia cortes de luz provocados por los enganches ilegales (los transformadores acaban ardiendo), ha habido once registros y diez detenidos en la primera quincena de febrero.

Los enganches ilegales están en la mayoría de los casos relacionados con los cultivos de cannabis sativa dentro de pisos, garajes y locales (también llamados 'indoor'). Y es que las plantas, si están ocultas en lugares cerrados, requieren de unas condiciones ambientales determinadas. Para procurárselas, los cultivadores emplean aparatos eléctricos que consumen mucha luz, como aires acondicionados, focos, humidificadores o extractores. Para conseguir una luz y humedad óptimas hay que gastar mucha luz, por lo que se producen defraudaciones del fluido eléctrico, un delito aparejado al del cultivo ilegal de 'maría'.

Los cultivos desprenden mucho olor, lo cual ayuda, sin duda, a la hora de perseguir este tipo de ilícitos. También la colaboración vecinal y la cooperación de las compañías eléctricas cuando detectan picos de consumo sospechosos.

El negocio de esta sustancia es muy rentable y, al no causar un grave daño a la salud, conlleva penas menores que el tráfico de cocaína o heroína. La condena oscila entre el año y medio y los tres años de prisión, según las fuentes consultadas. En cuanto al delito de defraudación del fluido eléctrico, tras la reforma del Código Penal, se castiga con multa de tres a 12 meses.

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