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La Fiscalía Superior analiza si los cortes de luz atentan contra derechos básicos

La institución se implica en la lucha contra las incidencias en el suministro eléctrico tras recibir una petición de ayuda del Defensor del Ciudadano de Granada

Carlos Morán

Miércoles, 25 de enero 2017, 12:20

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El año pasado, los barrios de la Zona Norte de Granada sufrieron -de media- más de un corte de luz al día. En concreto, la cifra de apagones registrados en 2016 ascendió a 528 -en lo que va de 2017, la situación ha empeorado-. Y eso como mínimo, porque las autoridades son conscientes de que hubo más, pero también saben que llevar una contabilidad exacta es una tarea poco menos que imposible.

Sea como fuere, son sólo cifras. Y los números siempre son fríos. Cuando se apartan, aparecen las personas y sus circunstancias: niños, ancianos, enfermos, cenas de Nochebuena a la luz de una vela...

En este sentido, la Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige Jesús García Calderón, va a implicarse en la lucha contra la plaga de los apagones que, en el caso de la ciudad de Granada, está afectando principalmente a La Paz, Cartuja y Rey Badis, tres de los barrios más castigados por el paro, el 70% de la población activa está desempleada, y la crisis económica.

La Fiscalía Superior va a analizar si las constantes interrupciones del suministro eléctrico suponen un atentado contra los derechos básicos de los usuarios, caso del derecho constitucional a la protección de la salud, por ejemplo, según informaron a IDEAL fuentes del ministerio público.

Los mismos medios indicaron que la institución va a encargar el estudio de lo que está sucediendo en la Zona Norte de la capital al fiscal especializado en materia de consumo, Fernando Santos Urbaneja, que, aunque desarrolla su trabajo en Córdoba, tiene competencia para actuar en toda Andalucía.

La Fiscalía Superior, agregaron las fuentes consultadas, ha adoptado la decisión de intervenir a instancias del Defensor del Ciudadano de Granada, que, recientemente, remitió un escrito a García Calderón en el que le informaba de la situación y pedía la ayuda del ministerio público.

En paralelo a la vía penal

A grandes rasgos, el dossier del defensor municipal solicitaba a la Fiscalía Superior que tomase cartas en el asunto para defender los derechos fundamentales de los consumidores y usuarios perjudicados por los cortes de luz, «todo ello» en paralelo «a las actuaciones que puedan llevarse a cabo en el ámbito policial o penal», proponía Manuel Martín en su documento. De hecho, y esto es algo que es público y notorio, la «pobreza energética» que azota los barrios del norte de la capital está relacionada, en parte, con «el uso ilícito» de la electricidad para cultivar marihuana. Pero esa sólo es una arista del problema, según comunicó el Defensor del Ciudadano a la Fiscalía Superior. También hay que tener en cuenta «la incapacidad» que tienen «muchas familias» para abonar los recibos de la luz, y la «incompetencia» de las administraciones -todas, pues todas tienen competencias en esta materia- y de las empresas «eléctricas», «que no hacen frente» a las irregularidades.

A juicio del defensor, y eso es lo que va a tratar de determinar ahora la Fiscalía Superior, el resultado de ese estado de cosas es la «vulneración» de derechos consagrados tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que aboga por la «protección de las personas consumidoras».

Además, disponer de agua o luz «puede considerarse inherente al derecho a disfrutar de una vivienda digna o al derecho a la protección de la salud», especialmente cuando se trata de niños o ancianos.

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