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Granada pondrá en marcha un plan especial policial contra los enganches ilegales

  • Fuentes ha reconocido que supone un problema que lleva más de un año afectando a los vecinos de barriadas

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha anunciado hoy que pondrá en marcha un plan especial de control policial de los enganches ilegales en la zona norte de la capital granadina y que la próxima semana reunirá a representantes institucionales y sociales con el fin de erradicar este fenómeno.

Durante el acto de presentación presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el nuevo subdelegado en Granada, Francisco Fuentes, se ha referido a las situaciones generadas por los cortes de luz en la zona norte de esta ciudad andaluza.

Ha reconocido que supone un problema que lleva más de un año afectando a los vecinos de barriadas que ven cómo sus viviendas se quedan sin suministro básico de electricidad por culpa de los enganches fraudulentos relacionados con determinadas actividades ilegales como el cultivo de droga.

Se trata de la primera situación de emergencia con la que se encontró al tomar posesión como subdelegado y, desde entonces, ha mantenido más de media docena de reuniones con responsables policiales, empresa suministradora y el alcalde de la ciudad para tratar de paliar los efectos negativos que generan esta situación.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha incrementado la presencia policial en las zonas afectadas y se han intensificado las operaciones de cobertura a los técnicos encargados de devolver el suministro en estos sectores.

En esta misma semana ha anunciado la puesta en marcha un plan especial de control policial de los enganches ilegales y la semana que viene reunirá a todos los representantes, institucionales y sociales, para asignar funciones y responsabilidades encaminadas a erradicar un fenómeno que permite el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa del bienestar de la gran mayoría de vecinos.

Fuentes ha reclamado además desde la lealtad institucional básica que permita trabajar en común, de modo que cada institución asuma su competencia propia, "a veces diluida en favor de exageradas declaraciones institucionales", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que cada administración debe asumir su responsabilidad, una para garantizar la presencia policial que permita desarrollar con normalidad las labores técnicas, otra para inspeccionar y sancionar las actuaciones que se enmarcan en el ámbito de sus competencias transferidas y otra para garantizar la cobertura social de quienes se ven afectados por estas situaciones.