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Una mujer se dispone a entrar en una farmacia. A la derecha, las informaciones que publicó IDEAL sobre la trama.
Casi siete años de cárcel por defraudar cinco millones en la compraventa de farmacias

Casi siete años de cárcel por defraudar cinco millones en la compraventa de farmacias

Un juzgado de Granada condena a tres mujeres y otro hombre, todos licenciados en Farmacia, por servir de testaferros al cerebro de la trama, que ocultó sus 'pelotazos' millonarios a Hacienda

Carlos Morán

Viernes, 9 de diciembre 2016, 15:56

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La génesis del escándalo tiene una fecha concreta: el 1 en abril de 2010. Ese día, la fiscalía emitió un decreto que apuntaba a la existencia de una presunta trama dedicada a la compraventa ilegal de farmacias. La red operaría desde Granada, de donde era natural y vecino el presunto cerebro, A. R. C., pero sus tentáculos se extenderían por otras provincias andaluzas.

Según desveló IDEAL por aquel entonces, los investigados podrían estar estafando a sus clientes, porque, siempre presuntamente, estos vendían boticas que en realidad no poseían o que, en el momento de llevarse a cabo el negocio, todavía no estaban escrituradas. Eso es lo que se temía el ministerio público.

Como quiera que las farmacias siempre han sido un cotizadísimo 'objeto' de deseo, la cantidades de dinero que se movían eran mareantes.

Sin embargo, el juzgado en el que recayó el caso terminó por archivarlo, pero Hacienda se interesó por el asunto, tiró del hilo y acabó por toparse con un fraude al fisco de considerables dimensiones. La fiscalía de nuevo y también la Abogacía del Estado acusaron a A. R. C. y otras cuatro personas, tres mujeres y un hombre, de la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. El cabecilla era el único que no tenía el título de Farmacia -que es preceptivo para 'comerciar' con boticas-, pero sus 'socios' sí, así que hicieron las veces de testaferros.

Finalmente, la cantidad defraudada a Hacienda ascendió a más de cinco millones de euros.

Todo estos datos figuran en una sentencia que acaba de dictar el Juzgado de lo Penal 6 de Granada y que condena al cerebro de la trama a tres penas que suman seis años y diez meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública. Dichas infracciones hacen referencia a las declaraciones del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2005, 2006 y 2007, si bien A. R. C. no había formalizado esa obligación entre 2004 y 2010. En consecuencia, «no declaró ninguna de las comisiones devengadas por su intermediación en compraventas de farmacias».

Los «restantes acusados» tampoco tributaron por las «cantidades realmente percibidas».

Por todo ello, y además de los casi siete años de prisión, A. R. C. tendrá que indemnizar al erario público por las cantidades defraudadas -los ya citados más de cinco millones de euros- y abonar multas que suman la friolera de 4.600.000 euros.

Los castigos impuestos a los demás encausados no son tan severos y oscilan entre los siete meses y los dos años de presidio. No obstante, las sanciones económicas, siendo menores que las que deberá afrontar el cerebro de la red, también son mareantes: van de 790.000 euros las mínimas, a los más de dos millones que tendrá que abonar una de las graduadas en Farmacia que hacía de testaferro.

A grandes rasgos, la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que el principal procesado ideó y lideró una trama para comprar y vender boticas de forma prácticamente 'exprés' -las operaciones se sucedían a una velocidad vertiginosa-, pero siempre sin cumplir con el fisco. «El acusado» -precisa la resolución- «trabajó durante muchos años» en una entidad vinculada al sector farmacéutico. Esa experiencia le sirvió posteriormente «para desempeñar la actividad de intermediario en la compraventa de oficinas de farmacia, para lo cual ponía en contacto a personas que querían comprar y vender sus oficinas de farmacia, acercaba posturas entre las mismas y cobraba por ello una comisión», detalla la sentencia. Pero de ahí pasó a adquirir y vender boticas «en cortos periodos de tiempo, sirviéndose para ello» del resto de los acusados, que, a diferencia de A. R. C. , eran licenciados en Farmacia. Este detalle es crucial, porque podían actuar «como personas interpuestas», algo que estaba vedado al máximo responsable de la trama. La «compraventa de oficinas de farmacia» -explica el fallo- requiere «dos requisitos»: «la intervención como comprador de persona que ostente el título de licenciado en Farmacia y no ser titular de otra farmacia». A. R. C. salvó tales obstáculos con los testaferros, mientras él se mantenía en la sombra. «No declaró ninguna de las comisiones devengadas por su intermediación en compraventa de farmacias realizadas o frustradas en los años 2006 y 2007, ocultando los restantes acusados las cantidades realmente percibidas en cada una de las declaraciones del IRPF. De esa forma, hay ingresos que no han sido nunca declarados»

Asimismo, el cerebro de la red creó una empresa «unipersonal» en su propia vivienda que también «realizó numerosas operaciones y transacciones económicas, de cuantías importantes», pero que tampoco «cumplió sus obligaciones tributarias en tanto que no presentó declaración alguna sobre el Impuesto de Sociedades».

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