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carolina rodríguez
Miércoles, 24 de agosto 2016, 01:31
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La intención del anterior equipo de gobierno de la ciudad de vender Casa Ágreda viene de largo. Las recomendaciones para que no lo hiciera, también. Antes de que la Federación Aide se hiciera con el inmueble en 2015, el gobierno popular ya intentó su venta. Fue en 2008 en una oferta de compra por 6,1 millones en la que además de la histórica casa se incluían otros dos edificios de notable valor patrimonial, el llamado Palacio de los Olvidados, ubicado en la Cuesta de Santa Inés, y otro inmueble de la calle San Matías del Siglo XVIII.
La venta como tal -que implicaba un cambio de uso del inmueble para convertirlo en un hotel- no se produjo en aquel primer intento de 2008 pero ya entonces el equipo de gobierno fue advertido de que esta operación no era beneficiosa para la ciudad. La recomendación llegó del Centro Unesco de Andalucía y en un documento al que ha tenido acceso este periódico advierte al equipo de Torres Hurtado de que, a su entender, estos tres edificios deberían mantener el uso de equipamiento público que le asignaron los planes especiales de protección y reforma interior del Albaicín y del Centro Histórico de Granada, respectivamente.
No sólo eso, en el informe, el Centro Unesco subraya que el cambio de uso a hotelero sería negativo «pues ya es muy abundante en el entorno e incidiría negativamente en sus valores patrimoniales».
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Francisco Puentedura, pidió a los concejales actuales del PP que participaron en la venta de la Casa Ágreda que no miren para otro lado y asuman las responsabilidades políticas que tienen. Además mostró su satisfacción porque la Fiscalía haya corroborado cada una de las denuncias que hicieron, además de un particular, todos los grupos de la oposición menos Ciudadanos. «Errores graves en el procedimiento de contratación, haber añadido documentos posteriormente al concurso -algo que tendrá que confirmar la Justicia-, además de haber realizado una valoración inferior de la histórica casa, entre otros», apuntó el portavoz.
La importancia de la advertencia para que no se vendiera la Casa Ágreda por parte del Centro Unesco y el hincapié que hacen en la pérdida de los valores patrimoniales de la zona radica en la caída libre que, para vecinos y asociaciones culturales, ha ido teniendo el Albaicín durante los últimos años. El barrio, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984, ha estado en varias ocasiones en el punto de mira de la Unesco para que mantenga sus valores culturales y se evite su degradación patrimonial -también por los excesos turísticos-. Valores que se hubieran perdido si Torres Hurtado hubiera logrado la venta en este primer intento.
El Centro Unesco añade en el informe que la Casa Ágreda y la casa señorial de la Cuesta de Santa Inés ya se rehabilitaron en 1980 con objeto de situar en ellos dependencias municipales y contribuir a la revitalización del barrio histórico. Además de no aconsejar la venta, el Centro Unesco subrayó al PP que esta forma de intervención de las administraciones públicas en centros históricos degradados es utilizada en numerosas ciudades europeas en el último tercio del siglo XX y demuestra que contribuye a relanzar la inversión privada y es un buen ejemplo de la utilidad social de la rehabilitación.
Finalmente, en su intención de ingresar fondos en las arcas municipales el anterior equipo de gobierno casi culmina el intento de venta en 2015 con Aide Federación aunque el proceso tampoco ha llegado a buen puerto.
Denuncia de la fiscalía
La Fiscalía Provincial de Granada presentó hace unas semanas una denuncia por prevaricación, malversación y tráfico de influencias contra el exalcalde de la capital José Torres Hurtado y la que fuera su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, por el intento de venta 'en diferido' de la Casa Ágreda a la organización no gubernamental marroquí llamada Agencia Internacional para el Desarrollo (AIDE); una operación que frenó el actual equipo de gobierno, presidido por el socialista Paco Cuenca, con el apoyo del pleno para que el histórico inmueble del siglo XVI ubicado en el Albaicín siga formando parte del patrimonio público.
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