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La consejera Rosa Aguilar y el exalcalde Torres Hurtado, en una reunión en la Alhambra.
El gobierno de Torres Hurtado eligió a una investigada para asesorar a la Alhambra

El gobierno de Torres Hurtado eligió a una investigada para asesorar a la Alhambra

El equipo del exalcalde de Granada propuso a una funcionaria detenida en la 'Operación Nazarí' para formar parte de la comisión técnica del patronato del monumento

Carlos Morán

Martes, 24 de mayo 2016, 02:27

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Es perfectamente legal, pero también chocante. El anterior gobierno municipal de Granada (PP), que estuvo presidido por José Torres Hurtado durante trece años, eligió a una funcionaria del Ayuntamiento que había sido detenida en la 'Operación Nazarí', en la que también fue arrestado el propio exalcalde, para que formarse parte de la comisión técnica del Patronato de la Alhambra y el Generalife, el organismo que dirige Reynaldo Fernández Manzano y que rige los destinos del monumento más visitado de España.

El cometido de dicha comisión, que tiene un carácter consultivo, consiste en asesorar a los responsables alhambreños para afinar al máximo las medidas de conservación de la fortaleza nazarí.

Después de la operación

Fue el pasado 26 de abril, es decir, trece días después de que la 'Operación Nazarí' hiciera temblar los cimientos del Consistorio de la capital, cuando la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, firmó la orden para renovar el mencionado 'consejo' colegiado ya que su 'mandato' había expirado. Pues bien, ese documento incluía a M. P. S., una funcionaria municipal que fue arrestada el 13 de abril, que fue el día en que se produjo la 'Operación Nazarí', y que desde entonces tiene la condición de investigada -la antigua imputación-.

Los estatutos del Patronato de la Alhambra establecen que la comisión técnica contará con ocho vocales, cuatro de los cuales son designados directamente por la Junta, otros dos por el Ministerio de Cultura y dos más por el Ayuntamiento de Granada. En este sentido, el gobierno local del PP propuso a la experta investigada, cuya candidatura fue aceptada.

En realidad, no había ningún impedimento legal para ello, ya que la funcionaria en cuestión no ha sido juzgada y mucho menos condenada, y, por tanto, su derecho a la presunción de inocencia sigue intacto.

El problema, según las fuentes consultadas por IDEAL, es más bien «ético» y «estético», toda vez que el nuevo equipo de gobierno de la ciudad, del PSOE, se ha propuesto proceder a un relevo ordenado de la cúpula de Urbanismo, que es el área que está bajo sospecha tras la 'Operación Nazarí', lo que, en teoría, conllevará que los funcionarios presuntamente implicados en las supuestas irregularidades, entre los que está M. P. S. pasen a desempeñar otras funciones diferentes a las que actualmente llevan a cabo.

Los que salen

Aparte del nombramiento de la polémica, la remodelación de la comisión técnica de la Alhambra ha supuesto la salida del órgano asesor de dos reputados especialistas en historia del arte, los profesores José Castillo, de la Universidad de Granada, y a Pedro Galera, catedrático de la Universidad de Jaén.

Esos dos expertos -los dos únicos historiadores del arte que formaban parte del órgano asesor- han sido sustituidos por los doctores Antonio Orihuela Uzal, investigador científico y director de la Escuela de Estudios Árabes (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), y Julia María Carabaza Bravo, profesora del Departamento de Estudios Semíticos de la UGR y miembro de la unidad asociada al CSIC de dicha institución académica.

Tanto las dos 'salidas' como las dos 'entradas' han sido decididas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que ha seguido manteniendo entre 'sus' vocales a Víctor Pérez Escolano y Antonio Malpica.

También se han quedado fuera Víctor Cageao Santacruz, Francisco Lamolda Álvarez y Enrique Olmedo Rojas.

Según los estatutos de la Alhambra, a la comisión técnica corresponde, entre otras funciones, «proponer cuantas medidas estime oportunas para la conservación del recinto monumental; elevar cuantas sugerencias estime convenientes para la conservación y mejora del recinto monumental; e informar preceptivamente los programas anuales y de actuación de los planes de obras de conservación, y los tratamientos de carácter extraordinario o de especial importancia para la conservación o restauración del recinto monumental».

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