Juzgan a un empresario por quedarse con 161.000 de unos pisos que nunca construyó

Ni dinero ni pisos. La Audiencia de Granada juzgará el próximo mes de febrero a un empresario inmobiliario al que la fiscalía responsabiliza de haberse quedado con algo más de 161.000 euros que le habían entregado varios clientes por unas viviendas que nunca llegaron a construirse. Es más, y así lo resalta el ministerio público en su escrito de acusación, la posibilidad de que esos apartamentos existan alguna vez es nula. La razón es tan deprimente como el resto de esta historia: la licencia de edificación caducó porque el procesado, siempre presuntamente, no atendió a los «requerimientos» de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital para que subsanase una serie de defectos en las obras, «y por haber destinado (.) el resto del crédito hipotecario que le fue concedido para» levantar los pisos «al pago de otras responsabilidades». En resumen, que todo lo que podía ir mal, fue mal.

En este sentido, el fiscal pide para el encausado una pena de seis años de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de apropiación indebida, además del pago de una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando todavía no había estallado la burbuja inmobiliaria y el 'ladrillo' era una pujante mina de oro.

El empresario en cuestión, que era el administrador único de una sociedad propietaria de una finca ubicada junto al albaicinero Paseo de los Tristes, proyectó la construcción de doce pisos en dicho inmueble. Para ello, suscribió tres «contratos en arras» con dos familias y un inversor que cumplieron con la firmado, pero el promotor no -siempre según la investigación realizada por la fiscalía-. Así las cosas, la pareja que compró una de las viviendas en primer lugar dio 36.516 euros mediante un cheque y una cantidad idéntica a plazos. En total, 73.037 euros -el precio final ascendía a 243.000 euros-.

Poco después, y de forma muy similar, una segunda familia entregó al acusado 52.600 euros.

Por su parte, el inversor abonó 36.000 euros. La suma: 161.000 euros, pero ese dinero no se empleó en financiar la construcción de las viviendas. «Al día de hoy, el acusado sólo ha edificado el 24% de la obra comprometida, sin que haya procedido a la devolución de las cantidades entregadas, que no fueron avaladas, ni a la resolución de los contratos suscritos, ni se puede ya ejecutar la obra al haber caducado la licencia por acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de Granada (.) por no haber atendido el acusado de los requerimientos efectuados por la subsanación de defectos, y por haber destinado el acusado el resto del crédito hipotecario que le fue concedido para la edificación al pago de otras responsabilidades», resume la fiscalía el desarrollo de los acontecimientos que ahora deberán aclararse en un juicio en la Audiencia Provincial.