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Jueves, 17 de diciembre 2015, 14:58
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La concejal de Protección Ciudadana y de Movilidad, María Francés (PP), ha denunciado este jueves los que considera "presiones" y "chantajes" por parte de responsables afines a la Junta de Andalucía respecto al posicionamiento del Ayuntamiento en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada.
Estas declaraciones se producen después de que este pasado martes el director general de Movilidad, Rafael Chacón, anunciara que el Consorcio estudiará las acciones judiciales necesarias para acabar con el "bloqueo" que mantiene el Consistorio a la celebración del consejo de administración de este ente interadministrativo.
Según Francés, que ha negado que esté habiendo bloqueo, el Ayuntamiento de la capital granadina, que ejerce la vicepresidencia en ese órgano, acudirá al referido consorcio cuando la Junta decida dejar fuera del orden del día un cambio estatuario de un artículo que dejaría al Consistorio "fuera de la toma decisiones".
La edil de Movilidad ha diferenciado en este sentido la adaptación de los Estatutos del Consorcio a las leyes estatales de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y de racionalización del Sector Público de otra modificación que, aprovechando esa circunstancia, la Junta quiere introducir.
"No hace falta cambiar el articulo 24 para lapidar al Ayuntamiento en la toma de decisiones del Consorcio", ha declarado en rueda de prensa la concejal, quien ha lamentado que la Junta pretenda presentar al Consistorio como "irresponsable".
Por ello, al tiempo que ha lamentado "las presiones y el chantaje" ejercido por algunos responsables políticos, ha advertido de que la administración local se mantendrá en la misma posición mientras no se llegue al "consenso y solidaridad" que le permitan mantenerse en el toma de decisiones del Consorcio.
Francés ha aclarado que lleva tiempo intentando negociar con la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, pero que no puede aceptar que la Junta decida "unilateralmente" no solo adaptar los estatutos a la ley sino pretenda además una modificación de puntos distintos.
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