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Reclaman un certificado a los profesores para saber si tienen delitos con menores

Educación ha comenzado a implantar la medida con los docentes interinos con la protesta de docentes y sindicatos, que lo ven una amenaza a su intimidad

José Ramón Villalba

Martes, 8 de diciembre 2015, 12:34

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La delegación territorial de Educación comenzó el pasado 14 de noviembre a pedir a los profesores interinos de enseñanza Secundaria, Primaria e Infantil un certificado de antecedentes penales para saber si han cometido algún delito con menores de edad. La petición responde a la medida incluida en la Ley 26/2015 de Infancia y Adolescencia que obliga a todos los profesionales que trabajen con menores a no tener antecedentes por abusos o agresiones sexuales.

La situación actual sobre la petición de estos certificados es muy variopinta en Andalucía. Así, en tanto se está pidiendo la certificación de penales por las empresas patronales (centros concertado, menores.), las delegaciones territoriales de Educación, en el caso del profesorado interino, sí los están solicitando según la provincia, aunque este hecho puede variar de un día a otro. Así, por ejemplo, la delegación territorial de Jaén lo está pidiendo desde el lunes 16, si bien admiten el resguardo de haberlo solicitado para obtener el contrato; Córdoba desde el día 20; en Málaga no se está pidiendo en Primaria pero curiosamente sí en Secundaria; y en Sevilla, contrariamente, no se está exigiendo.

Un estudio realizado por el gabinete jurídico de la sección de Enseñanza de CC OO deja claro que «la certificación por delitos sexuales, en tanto no se cree el registro correspondiente del que se dispone de hasta seis meses, se sustituye por un certificado de delitos penales como indica la disposición adicional de la ley. Los problemas que conlleva esta certificación se debe a que en el mismo se incluyen otros delitos, de existir, de carácter no sexual si bien estos prescriben según la índole de éste por lo que un delito de hace años, y ya penado, no será incluido. Y es que el certificado de penales indica que no tiene antecedentes si estos no existen pero indica de modo específico cuáles son, uno a uno, en el caso de que existan, tengan o no carácter sexual», advierte Diego Molina, secretario de enseñanza de CC OO-Granada.

En tanto que en la Administración Pública la aparición de un delito en este certificado, siempre que no sea sexual, «no puede ser motivo de exclusión ni de acceso a un puesto de trabajo, no ocurre así con las entidades privadas que no tienen que acogerse a los principios de igualdad mérito y capacidad por lo que los trabajadores pueden verse perjudicados por otros delitos menores». La certificación de penales puede generar además un hábito que las «entidades patronales pueden querer mantener en el tiempo, incluso una vez creado el registro específico de delitos sexuales y generarán una indefensión incuestionable; de hecho ya se está generando», denuncia Molina.

Este sindicato ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe de modo urgente para que se cree el registro específicos de delitos sexuales y que en tanto, no se solicite el certificado de penales porque vulnera derechos básicos. En cualquier caso, este registro de delitos sexuales deberá estar operativo, según la propia ley, máximo a finales de enero. «CC OO es partidaria, como no puede ser de otro modo, que los delitos sexuales sean motivo de exclusión para trabajar con menores».

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