Una juez multa con 600 euros al alcalde por el retraso en la ejecución de una sentencia

El origen de la historia se remonta a una resolución del Ayuntamiento del 25 de noviembre de 1999, a punto de cumplirse 16 años. Y el 'penúltimo' capítulo es una providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada notificada la semana pasada. Entre un punto y otro media el litigo de un grupo de vecinos contra el Consistorio para derribar un supermercado y reconstruir parte de un viejo cortijo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) terminó por dar la razón a los vecinos en 2013 pero la sentencia aún no se ha ejecutado por completo. Ante la falta de diligencia, la magistrada ha optado por imponer una multa de 600 euros al alcalde como presidente y máximo responsable del Ayuntamiento. La providencia -que ha sido recurrida por los letrados de la plaza del Carmen- advierte de que la sanción será reiterada cada veinte días hasta que se cumpla el fallo.

Si el recurso no prospera, José Torres Hurtado acabará pagando una mala decisión que arrancó en el tripartito y que no se ha enmendado en década y media. El Ayuntamiento alega que no puede avanzar más rápido y que necesita de la complicidad de la Junta.

El origen

El contencioso arranca en el año 2001. Un grupo de particulares recurrió la licencia para construir un supermercado en la avenida Luis Miranda Dávalos. En la misma parcela se encontraba la Casería de la Trinidad, un inmueble catalogado del siglo XVIII. Según el grado de protección, sólo estaba permitido la «restauración, reforma y reestructuración» de la finca.

La primera sentencia del Juzgado Contencioso número 2 data del año 2004. Entre los hechos acreditados consta que se destruyó una «buena parte» de la edificación original, «esencial para el entendimiento global» del inmueble: «Se ha demolido, incluso, parte de las crujías del edificio principal». Al final, se hizo una «edificación de nueva planta sobre la parcela catalogada» y la superficie de la Casería de la Trinidad afectada, según estableció la prueba pericial, rondó el 60%.

La primera sentencia, que fue ratificada por el TSJA, anuló la licencia de noviembre de 1999 y conminó a reestablecer la legalidad urbanística; «incluyendo la demolición de lo construido» al amparo de un permiso que no debió existir.

La ejecución del falló sí le tocó a uno de los gobiernos de José Torres Hurtado. El supermercado fue derribado en 2014 pero aún falta la reconstrucción de una nave. La jueza dio un plazo de cuatro meses para entregar la documentación y de cinco para ejecutar el proyecto. El tiempo se ha cumplido. Por eso, la magistrada ha recurrido al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), que permite imponer multas de hasta 1.500 euros a las autoridades que incumplan los requerimientos del juzgado.

Permiso de Cultura

La versión del gobierno municipal es que el margen no es suficiente y que para la reconstrucción del viejo cortijo es necesaria la autorización de la Delegación de Cultura de la Junta, que se produjo a principios de octubre pero que imponía unas cautelas arqueológicas que inicialmente no se habían contemplado. Fuentes de la concejalía de Urbanismo explicaron ayer a IDEAL que el gobierno municipal ha estado en contacto en todo momento con el juzgado y «se ha ido informando de todos los pasos».

Estos argumentos son los esgrimidos en el recurso para intentar ahorrar al alcalde, al menos, 600 euros.