Un divorcio acumula tres años en el juzgado por los retrasos en las pruebas psicológicas

El decano de los jueces granadinos, Jesús Rodríguez Alcázar, exigió hace una semana que se refuerce a los equipos psicosociales de los juzgados de familia, que están acumulando retrasos muy serios en la emisión de valoraciones relativas -especialmente- a los procesos de divorcio o a la revisión de medidas de estos. «Son situaciones con hijos menores que no pueden empantanarse más de un año sólo para un informe», recalcaba el magistrado. Mientras llega la sentencia final, la tensión suele aumentar entre quienes se divorcian y, al no haber un dictamen, las peleas entre los cónyuges se incrementan por aspectos sin resolver, como el régimen de visitas o las pensiones por alimentos.

Ahora es el Defensor del Pueblo Andaluz quien se ha hecho eco de un proceso de divorcio 'eterno' de un motrileño por esa misma causa. En concreto, la institución dirigida por Jesús Maetzu Gregorio de Tejada está investigando los retrasos para las evaluaciones psicológicas de menores ante la Justicia en un divorcio de 2013 y en el que los hijos fueron citados para ser valorados por los psicólogos públicos en 2016. Según la Defensoría, la petición del letrado de una de las partes logró que se fijara esa comparecencia para final de 2015.

Caso puntual o común

«En todo caso, atentos a las competencias que asume la Consejería, a través de su Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal sobre la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores, quisiéramos conocer su evaluación de dichos equipos adscritos a la provincia de Granada. Ciertamente, resulta esencial discernir si las fechas que se aluden en el caso de Motril son un incidente, no por grave, sí puntual; o si, en cambio, aducen un problema de carácter más general que implicara una situación de mayor alcance e impacto en el delicado funcionamiento de estos equipos para la labor de los órganos judiciales granadinos», recalca el Defensor del Pueblo Andaluz.

Entre sus motivaciones para actuar actuación de oficio, señala la Defensoría, «hemos de reseñar igualmente la implicación de menores en estos procedimientos de litigios familiares interparentales que suponen en su desarrollo un elemento de grave impacto y distorsión en la vida de los niños afectados». «En nuestra condición de Defensor del Menor, debemos aportar un valor añadido de interés y preocupación por el esclarecimiento de estas situaciones», apostillan.

Así que conforme a lo previsto en la ley del Defensor del Pueblo, este ha procedido a iniciar una actuación de oficio y solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones. En particular, a la Defensoría le interesa conocer sobre el caso de Motril los asuntos o expedientes ante el Equipo Psicosocial adscrito a los juzgados de la provincia de Granada; los módulos o indicadores asignados a ese equipo en relación con los demás servicios de esta naturaleza y características; la relación de puestos de trabajo asignada al equipo y cobertura actual; y las medidas de cobertura provisional que se prevean adoptar.

La Junta de Andalucía, preguntada por IDEAL, reconoció que en los últimos años ha aumentado considerablemente las peticiones de informes psicosociales por parte de los juzgados de distintos partidos judiciales de Granada, diferentes de la capital, de manera que los equipos no sólo están atendiendo a los juzgados de Primera Instancia números 3, 10 y 16 de Granada (especializados en familia), sino también a los juzgados de violencia contra la mujer y a los demás partidos judiciales de la provincia.

«Se va a poner en marcha una actuación puntual con apoyo externo para poner el contador a cero en los próximos cinco meses», aseguraron desde la administración andaluza.