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Hay seis comedores escolares de centros educativos ubicados en zonas marginales sin funcionar.
Fiscalía abre diligencias penales contra la Junta por el cierre de comedores para alumnos pobres

Fiscalía abre diligencias penales contra la Junta por el cierre de comedores para alumnos pobres

Investiga si hay un delito por denegación de auxilio, denunciado por CC OO, por la supuesta falta de alimentación de los menores de colegios en zonas desfavorecidas

José Ramón Villalba

Martes, 27 de octubre 2015, 00:40

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La Fiscalía Superior del TSJA ha ordenado la apertura de una investigación por la vía penal contra la Consejería de Educación para saber si esta administración ha incurrido en un ilícito tipificado en el artículo 412 del Código Penal por la denegación de auxilio a menores en edad escolar al no colaborar en la apertura de los comedores escolares de cuatro colegios concertados de la zona Norte de Granada y otros dos de la provincia, donde a diario acudían 300 niños a comer. La inmensa mayoría son alumnos en riesgo de exclusión social. Fuentes consultadas en estos centros y en las barriadas de Almanjáyar y Cartuja aseguran que, en muchos casos, ésta era la única comida en condiciones que efectuaban estos menores.

La Fiscalía Superior ha decido mantener viva la denuncia presentada el pasado 9 de octubre por el sindicato CC OO por un posible delito de denegación de auxilio e impulsará ahora una investigación por la vía penal para dirimir la posible responsabilidad de la Administración autonómica en este asunto.

La denuncia presentada advertía de la importante deuda contraída por los seis colegios afectados de la provincia desde que en 2013 le retiraron la subvención para sufragar los gastos del comedor escolar. «Ello no sólo ha supuesto un quebranto en la economía de los centros y de las empresas de catering que en estos dos últimos años han venido operando.La principal consecuencia ha sido dejar sin una alimentación adecuada a un grupo de población infantil desfavorecida que en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan. Situación impropia de un país desarrollado y de un Estado Social y de Derecho ya que ello vulnera el derecho fundamental de estos menores a la alimentación, reconocido en la DeclaraciónUniversal de los DerechosHumanos y en el Pacto Internacional de DerechosEconómicos,Sociales yCulturales», según consta en la denuncia de CCOO.

IDEAL habló ayer con Basilio Granados, director del colegioLuisa Marillac, uno de los centros educativos de la zona Norte de la capital granadina que aún no han podido abrir el comedor. «Nosotros tenemos 121 alumnos, de los cuales cien hacen uso del comedor, la mitad son rumanos. Si no almuerzan allí, no hacen ninguna comida en condiciones, es decir, equilibrada. Las repercusiones de esta falta de alimentación están empezando a ser perfectamente visibles y en nuestro centro, gracias al esfuerzo y colaboración de una cofradía granadina, estamos repartiendo paquetes de lentejas, garbanzos y arroz a las familias de los alumnos porque no tienen nada para comer», comenta.

Los otros colegios afectados en la capital, el SanJosé, Amor de Dios y Ciudad de los Niños, todos corren la misma suerte. Hay otros dos centros educativos más en la provincia en la misma situación, elPadre Poveda, de Guadix, y el Ave MaríaEsparraguera, de Motril. Todos ellos acumulan una deuda superior a los 329.835 euros con las empresas de catering que operaban en sus instalaciones. «Nos quitaron la subvención en el curso 2013-2014 y desde entonces no hemos podido abonar nada. Es lógico que el catering, en nuestro caso es Ibagar, después de dos años sin cobrar haya desistido».

IDEAL contactó ayer con la delegación provincial de Educación para saber si iban a adoptar alguna medida nueva tras conocerse la apertura de la investigación penal. Un portavoz oficial de este organismo aseguró: «Esta delegación aún no tiene constancia porque no ha sido notificada aún la apertura de la investigación de la fiscalía y hasta que no tengamos la resolución no haremos ningún pronunciamiento».

Por su lado, el secretario provincial de CC OO-Enseñanza, DiegoMolina, sí se pronunció ayer sobre la apertura de diligencias penales tras ser llamado por este periódico. «Aplaudimos con fuerza la decisión de la Fiscalía del TSJA de abrir diligencias penales contra la Junta por no apoyar la apertura de esos comedores escolares. En estos momentos, hay más de trescientos alumnos que no pueden comer en buenas condiciones porque esos comedores escolares no están operativos. La Consejería de Educación no puede ampararse en temas de burocracia para no solucionar este grave problema.Repito, hay más de 300 menores que acuden a estos centros concertados sin una alimentación adecuada y muchos sin hacer una comida fuerte al día.Este problema debe solucionarse ya sin dilación alguna, porque es una vergüenza», apunta Molina.

De momento, ninguno de los centros educativos afectados por el cierre del comedor debido a la imposibilidad de afrontar la deuda contraída con las empresas de catering desde que la Consejería de Educación les retirara la subvención en el curso 2013-2014 ha recibido comunicación oficial de la Junta para solucionar el problema. Sí es cierto que la pasada semana se emitió una nota informativa en los medios de comunicación para advertir de que, tras una reunión entre representantes de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-Andalucía y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la administración se comprometió a resolver el conflicto de los comedores escolares de la zona norte de Granada capital mediante la publicación de una orden de ayudas individualizadas de comedor, para que los propios centros concertados puedan gestionar el servicio.

«Ni nos han dicho nada, ni sabemos si con esta ayuda, si es que llega, vamos a poder solucionar el problema de la deuda y de la apertura del comedor», dice Granados. En estos momentos sigue en pie la movilización para el próximo 29 de octubre por la situación de estos comedores escolares. Y en primer plano, 300 menores sin poder comer en condiciones óptimas.

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