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Domingo, 16 de agosto 2015, 00:29
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Ha sido la noticia de la semana: Este miércoles nos enterábamos de que la Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido un decreto donde pide a la Policía Nacional la apertura de una investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas por el empresario Ramón Arenas, relacionadas con el caso del pabellón de deportes Mulhacén, que invadió en 300 metros cuadrados una parcela de su propiedad. El ministerio público pide a la policía interrogar sobre este asunto al alcalde, José Torres Hurtado, a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, así como a ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada y al constructor Roberto García Arrabal, quien obtuvo la concesión administrativa. «Líbrese oficio a la Jefatura de Policía para investigar los hechos y recibir declaración de los denunciados (entre quienes se encuentran los dos concejales y el alcalde)».
Esa orden de la fiscalía a la Policía Nacional provocó dos reacciones inmediatas. La primera, tranquilidad absoluta por parte del equipo de gobierno local y la segunda, un ataque frontal al empresario Ramón Arenas, denunciante del caso, al que acusa de intentar «especular» con suelo público.
Así las cosas, fue el alcalde en funciones y concejal de Economía, Francisco Ledesma, el encargado de dar las explicaciones oficiales ante la investigación ordenada por el ministerio público y no dudó en mostrar su confianza en que la denuncia va quedar archivada «ya que todo lo que se ha hecho en relación a este expediente está dentro de la legalidad», advirtió. Además, los tres han alegado ante la fiscalía y han solicitado el archivo de las actuaciones «porque no se desprende ningún hecho constitutivo de delito».
En cambio, cansados de que sobre el urbanismo de la ciudad siempre vuele la sospecha de «presuntas irregularidades», la oposición exigió explicaciones al equipo de Gobierno sobre el caso Mulhacén. Explicaciones «contundentes y con papeles» y algo más. El grupo municipal socialista solicitará en septiembre que se lleve a cabo una auditoría externa del área de Urbanismo, que aclare y dé fe de la transparencia de la concejalía y sus procesos. Auditoría para la que pidieron el apoyo del resto de grupos políticos.
Con este panorama, el último en manifestarse ha sido el hombre que originó esta investigación, el empresario granadino Ramón Arenas, quien se defendió de todas las acusaciones vertidas contra su persona por el alcalde en funciones de Granada y concejal de Economía, Francisco Ledesma, en relación con el conocido como caso Mulhacén. En declaraciones a IDEAL, Arenas aseguró que «no soy ningún especulador ni he pretendido dar ningún pelotazo urbanístico», tal y como le achacó Ledesma.
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